l Día Internacional de la Educación, que se celebrará mañana, invita a recordar el papel central de la educación como detonante de desarrollo social, construcción de igualdad y acceso a una vida digna. Esta celebración también nos da la oportunidad de identificar y actualizar las circunstancias que condicionan este derecho humano. En medio de la crisis de cambio climático y la profundización de las violencias y desigualdades globales, el derecho a la educación, usualmente relegado a segundo plano por los estados, atraviesa un momento lleno de desafíos que obstaculizan su goce pleno y realmente universal en todo el mundo, incluido nuestro país.
Hasta 2020, la educación básica en México mantenía porcentajes de asistencia superiores a 90 por ciento, de acuerdo con el Inegi; no obstante, sólo 45.3 por ciento de la población entre 15 y 24 años asistía a la escuela, lo que refleja la enorme brecha de accesibilidad que enfrenta el sistema educativo en el paso de la educación básica a la educación media superior y superior. Estas cifras se reflejan en el nivel de escolaridad de la población. Con base en las cifras del ciclo escolar 2023-24, 81.4 por ciento de la población concluye la secundaria, mientras 62.5 por ciento culmina la educación media superior, y sólo 43.8 por ciento accede a la educación superior. Por su parte, cifras elaboradas después de la pandemia revelan que la matrícula en educación superior sufrió una disminución de 7 por ciento, y en educación media superior de 6.6 por ciento debido al coronavirus.
Ello hace evidente que el país tiene un gran desafío para incrementar su capacidad de cobertura en la educación media superior y superior, al mismo tiempo que debe terminar de consolidar el acceso a la educación básica. Sin embargo, la agenda educativa parece ocupar un segundo nivel de prioridad política, tal como vimos en las últimas campañas electorales, en las cuales la temática educativa fue marginal y superficialmente abordada en los discursos y debates.
Veamos como ejemplo la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 28 de noviembre pasado, que cristalizó, entre otras cosas, la creación de la Secretaría de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (SHCTI). Esta secretaría, que sustituye al Conahcyt, asume labores de la Subsecretaría de Educación Superior, pero su creación no ha provocado un ajuste explícito en la articulación entre estas instancias, generando un panorama ambiguo para las instituciones encargadas de atender este nivel educativo. Del mismo modo, la Nueva Escuela Mexicana y el nuevo Marco Curricular Común enfrentan dificultades de implementación y evaluación en la educación básica y media superior respectivamente, de modo que las apuestas para aumentar la cobertura y becas en el nivel superior no se han visto reflejadas de manera concreta en la literalidad de las leyes educativas, ni en el presupuesto.
En términos reales, la proporción presupuestal que ha recibido la educación respecto del total del presupuesto de egresos ha disminuido de 5.71 por ciento en 2019 a 5.37 en 2025. De igual modo y en el mismo periodo, el gasto destinado a educación superior disminuyó en términos reales poco más de 4 por ciento, mientras el presupuesto destinado a la SCHTI, respecto del asignado en 2019 al entonces Conacyt, se mantiene en proporciones similares, a pesar de que esta nueva dependencia ha asumido además la administración de las universidades Rosario Castellanos y de la Salud.
Podemos observar que la apuesta por el aumento de transferencias directas, becas y cobertura educativa no va en línea con un aumento presupuestal en términos reales que permita garantizar el derecho a la educación para todos, especialmente en educación media superior y superior, donde encontramos el principal desafío. Si el presupuesto no crece, acorde con el aumento anunciado en becas y cobertura, posiblemente estos recursos se están restando de rubros vitales como infraestructura escolar o capacitación docente. De acuerdo con las cifras anteriores, hoy en el país no es posible garantizar el efectivo acceso a la educación, ni asegurar la calidad de la misma.
En suma, son muchos los pendientes en la agenda educativa que deben ser atendidos cuanto antes para cumplir efectivamente con una política educativa apegada a una perspectiva de derechos humanos. Así, ante la evidencia de la creciente disminución de la accesibilidad a la educación entre las juventudes, lo que debe primar es la construcción de una agenda de interés público que ponga en el centro un acceso real y sostenible de las generaciones más jóvenes a una formación competente, crítica y comprometida con su entorno.
Ello requiere superar las animadversiones artificiales entre el sector público y privado y, por el contrario, construir condiciones de posibilidad conjuntamente para ampliar la capacidad de cobertura del sistema educativo. La educación es, en efecto, una llave para la construcción de sociedades más justas y equitativas. Por ello, restarle prioridad equivale a abandonar la apuesta por construir condiciones de posibilidad para una transformación de nuestra realidad que efectivamente llegue a las raíces de nuestros problemas más apremiantes.
