Washington y Nueva York. El gobierno de Donald Trump tiene planes para desplegar a unos 10 mil efectivos militares activos a la frontera con México, duplicar la capacidad de sus centros de detención de migrantes y ha girado órdenes a los agentes de la Patrulla Fronteriza de negar el derecho al asilo y deportar a todos los que crucen de manera no autorizada.

Un nuevo equipo de trabajo sobre ciudades santuario en el Departamento de Justicia está preparando casos contra medidas de protección y amenaza con investigar a funcionarios municipales que se atrevan a desafiar las órdenes federales para el control migratorio.

Medios derechistas han empezado a subir fotos y videos filtrados de indocumentados que supuestamente han sido arrestados desde el lunes.

Agentes de la Patrulla Fronteriza recibieron por escrito esta semana la orden de deportar rápidamente a inmigrantes mexicanos después de registrar sus huellas digitales, reportan varios medios estadunidenses. Los agentes han sido instruidos a detener a cualquier migrante no mexicano para su deportación vía aérea, en lugar de retornarlos a México, publicó el Washington Post. A los indocumentados no se les permitirá ver a un juez de inmigración o un oficial de asilo bajo el edicto de Trump; lo cual, efectivamente, suspende las obligaciones de Estados Unidos con la ley doméstica e internacional para asegurar que personas que huyen de la persecución no sean retornadas al peligro, reportó CBS News.

El primer envío

Como parte del esfuerzo del nuevo gobierno para demostrar que están actuando rápidamente sobre sus promesas antimigrantes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Carolina Leavitt, informó a periodistas que Trump ha firmado una orden ejecutiva que envía a mil 500 efectivos a la frontera. Estas tropas militares se sumarán a las 2 mil 200 ya desplegadas en esa zona para apoyar actividades de la Patrulla Fronteriza. Estas tropas son adicionales a las de la Guardia Nacional de varios estados que también están asignadas tareas en la zona fronteriza.

Un memorando interno del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) obtenido por CBS News sugiere que el gobierno tiene la intención de incrementar el número de militares en la frontera con México a un total de 10 mil. En su orden ejecutiva firmada la noche del lunes, Trump ofreció la visión de un papel ampliado para esas fuerzas que podría incluir la detención de migrantes en bases miliares, el transporte de los detenidos en varias partes del país o de regreso a sus lugares de origen, entre otras tareas nuevas.

El servicio de inmigración también ha identificado cuatro instalaciones con capacidad de 10 mil camas, y 14 sitios más pequeños de entre 700 a mil personas que podrían ser utilizados como centros de detención. En total, según reporta el Post, estos espacios adicionales elevarán al doble la capacidad actual de casi 100 mil.

El martes, el Departamento de Justicia envió un memorando a fiscales federales del país ordenando que inicien investigaciones de cualquier oficial de seguridad pública local o estatal que se niegue a colaborar con las políticas de inmigración del gobierno federal, reportó el New York Times. Varias ciudades, incluidas Los Ángeles y Chicago, tienen leyes locales que prohíben que agentes de seguridad pública cooperen con el servicio de inmigración federal en persecución de indocumentados. Más aún, varios distritos escolares han implementado políticas que buscan impedir el ingreso de agentes migratorios a sus instalaciones. Otra orden ejecutiva emitida el lunes busca suspender fondos federarles a ciudades que se nieguen a cooperar con las autoridades migratorias en las persecuciones.

El zar fronterizo, Tom Horman, comentó a Fox News ayer que la agencia federal de inmigración (ICE) ha arrestado a más de 308 indocumentados criminales. Algunos eran asesinos, otros violadores, aseveró Homan. Reiteró que la prioridad por ahora es el arresto de inmigrantes que sean criminales violentos, pero que cualquier persona sin papeles en este país está sujeta al arresto. Redes sociales derechistas difundieron videos que afirman son arrestos de inmigrantes criminales, pero La Jornada no puede confirmar la veracidad de los videos.

A la vez, el Congreso ha enviado a Trump el primer proyecto de ley de su presidencia para su promulgación, y es sobre migración. La ley, aprobada por toda la bancada republicana y 46 demócratas, obliga a que el servicio de inmigración detenga a todo indocumentado acusado de delitos, aun los menores, y preparar su deportación. A diferencia del pasado, un inmigrante no tiene que ser declarado culpable de un delito, sino sólo acusado, para ser sujeto a la llamada Ley Laken Riley, si es, como se espera, promulgada por Trump.

Condenas desde el Congreso

Todas estas medidas han nutrido la tensión y el temor entre las comunidades inmigrantes del país, y ayer, legisladores del caucus Progresista del Congreso, incluyendo a los diputados Greg Casar –quien es el presidente–, Ilhan Omar, subjefa de la agrupación, y Jesús Chuy García, quien también está en el liderazgo del caucus de unos 100 legisladores, condenaron las acciones antimigrantes. Estamos llamando a que Trump presente soluciones reales, no propaganda para nutrir el temor y el caos, declaró García.

Por su lado, la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una nueva demanda legal ante tribunales para frenar la decisión del gobierno de acelerar las deportaciones sin un proceso legal justo. Personas viviendo en comunidades a través de Estados Unidos están en riesgo de ser separadas de sus familias y expulsadas del país sin ningún recurso legal. Esto es un ataque contra comunidades, nuestra Constitución y los valores estadunidenses fundamentales, declaró Anand Balakrishnan, abogado en el Proyecto de Derechos de Inmigrantes del ACLU.