Tibú. La crisis de seguridad en Catatumbo, en el noreste de Colombia, provocó en apenas cinco días el desplazamiento forzado de más de 20 mil personas y se saldó hasta ayer con 80 muertos, informaron autoridades locales.

El ministerio de Defensa anunció el envío de ayuda humanitaria para atender a los desplazados, mientras la Oficina de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Colombia condenó las graves violaciones al derecho internacional humanitario y los abusos contra los derechos humanos presuntamente perpetrados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Unas 22 mil 570 personas desplazadas llegaron a albergues en cascos urbanos de la región, informó el ejército. Más de un millar huyeron del país. Han salido hacia Venezuela y Cúcuta, indicó Jaime Botero, presidente de la Junta de Acción Comunal de Tibú, pequeño poblado cerca de uno de los pasos fronterizos.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la cifra de víctimas fatales estaría entre 80 y 90 desde que comenzaron los combates el jueves pasado. Entre ellos, fueron asesinados los defensores locales de Derechos Humanos y líderes de sus comunidades Carmelo Guerrero y Pedro María Ropero. La ONU reportó que otros líderes sociales también recibieron amenazas.

La agudización de la situación humanitaria se registra por los enfrentamientos entre el ELN y una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Frente 33, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y que sostienen diálogos con el gobierno.

La mayor presencia del Frente 33 en la zona –el ELN siempre ha controlado Catatumbo– provocó la escalada en esta región rica en recursos minerales y con ideales condiciones climáticas para el cultivo de coca, que hacen de ella una de las más disputadas por los grupos vinculados al narcotráfico.

El ejército colombiano reforzó su presencia en la zona de conflicto con más de 600 efectivos adicionales, con el objetivo de proteger a la población civil –en una primera fase– y posteriormente desarrollar acciones para consolidar el control del territorio y poder garantizar el retorno de los habitantes desplazados a sus hogares, informó el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Ayer la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos rechazó las confrontaciones y lamentó sus consecuencias para la población civil. Condenó el confinamiento de más de mil personas de 23 comunidades indígenas del pueblo Bari y el pueblo Yukpa, la desescolarización de 46 mil niños, las amenazas y estigmatización hacia los líderes sociales y el homicidio de firmantes de paz.