Magistrados expresaron que la elección judicial se encamina a un inevitable fracaso debido a que ven un desaseo generalizado y una cadena de ilegalidades del Instituto Nacional Electoral (INE). Dudaron que se logre montar espacios y casillas suficientes para que todos los ciudadanos voten y que el tiempo en las urnas tome a cada elector 10 minutos en promedio, como prevé la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.

Quizá le estén jugando a la idea de que la elección será un fracaso y que estarán yendo a votar 10 o 20 por ciento de quienes tienen derecho a votar; pero organizar una elección, prever el desarrollo en función de que no te llegaran todos los invitados, me parece que es jugarle al error porque estás creando una plataforma que no garantiza que esté disponible toda la base necesaria para ejercer el voto, dijo el magistrado Juan José Olvera López en la conferencia matutina de los jueces.

Enlistó cuatro acciones del INE que calificó de ilegales. Igual que los comités de evaluación del Ejecutivo y del Legislativo, dijo, no han acatado las suspensiones definitivas de jueces que ordenan frenar el proceso electoral; que no ha cumplido con la obligación constitucional de emitir las reglas para la elección judicial, como no permitir actos anticipados de campaña de aspirantes.

Agregó que el INE está tomando como base la plataforma de distribución del mapa electoral creado para la elección de legisladores porque los distritos electorales son totalmente diferentes a la competencia territorial de los jueces federales.

Mencionó asimismo el diseño de la boleta electoral y el tiempo que será necesario invertir a cada ciudadano, pues los estándares constitucionales fijados en la reforma judicial implican que cada elector tardaría horas en votar, pero recientemente la presidenta del INE afirmó que serán sólo nueve minutos y 15 segundos en promedio.

En tanto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito denunció una estrategia de asfixia presupuestal planeada y operada por los poderes Legislativo y Ejecutivo. El recorte de más de 13 mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación, dijo, afectará directamente la operatividad de los juzgados y tribunales federales, así como el acceso de los ciudadanos que buscan la protección de su derechos.

Con un presupuesto aprobado de apenas 62 mil millones de pesos para 2025, se ha dejado al PJF en una situación crítica al reducir en 17.1 por ciento los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de los tribunales. Este recorte se traduce en menor personal, recursos insuficientes y la imposibilidad de atender con eficiencia los casos judiciales, apuntó.