a entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 fue un momento clave para redefinir las relaciones económicas y sociales entre México, EU y Canadá. Diseñado como herramienta para impulsar el desarrollo económico y la modernización, el tratado aspiraba a reducir las desigualdades históricas entre estos países y a promover una mayor integración económica con sus socios del norte. Sin embargo, más de tres décadas después, los resultados han sido dispares. Mientras algunos sectores se han beneficiado del comercio global, otros han enfrentado retos significativos. Indicadores macroeconómicos, como el ingreso por habitante y el índice de desarrollo humano, han mostrado avances limitados, y para muchos mexicanos, especialmente en zonas rurales, las promesas de progreso no se han materializado plenamente. Problemas estructurales, como la pobreza, la desigualdad, la migración y la inseguridad son desafíos persistentes, subrayando la necesidad de revisar y fortalecer las estrategias de desarrollo económico para alcanzar mayor equidad y sostenibilidad.

El TLCAN culminó las reformas económicas iniciadas en los 80, orientadas a la privatización, apertura comercial y menor intervención estatal, con el objetivo de integrar a México en la economía global. Aunque buscaban atraer inversión extranjera y reducir la brecha con EU y Canadá, estas medidas no consideraron las desigualdades estructurales ni las vulnerabilidades de sectores clave como el agrícola.

Ese sector enfrentó serios desafíos con la aplicación del TLCAN. Antes del tratado, millones de pequeños y medianos agricultores dependían de la producción de maíz, no sólo como base económica, sino como un elemento central de su identidad cultural y social. Sin embargo, la llegada de maíz subsidiado de EU inundó el mercado mexicano con productos a precios que superaron la capacidad competitiva de los productores locales. Sin subsidios y políticas de apoyo comparables, muchos campesinos quedaron en desventaja. Esto resultó en el abandono de tierras cultivables, aumento en la pobreza rural y una importante pérdida de soberanía alimentaria. El maíz, símbolo y pilar de miles de comunidades, pasó de ser fuente de sustento a reflejar la precariedad y exclusión que afectó al campo.

El impacto en el campo mexicano no se limitó a las dificultades económicas, sino que desencadenó un éxodo masivo de la población rural. Sin oportunidades, muchas familias debieron abandonar sus comunidades, migrando hacia las ciudades o a EU en busca de un futuro mejor. Este desplazamiento desarraigó comunidades enteras, fragmentando el tejido social y dejando pueblos rurales casi vacíos, al tiempo que las ciudades enfrentaron el reto de absorber a una creciente población de trabajadores vulnerables.

El colapso del campo impulsó la expansión del narcotráfico en regiones como Guerrero, Michoacán y Sinaloa, donde, ante la falta de alternativas económicas, muchos agricultores recurrieron al cultivo de amapola y mariguana. Esto fortaleció un ciclo de pobreza, violencia y dependencia, mientras el narcotráfico llenaba el vacío estatal, imponiendo su control territorial y social. Estas áreas se convirtieron en centros de actividades ilícitas, marcadas por exclusión, inseguridad y abandono institucional.

El TLCAN también profundizó las desigualdades regionales en México. Mientras las zonas industriales del norte experimentaron crecimiento gracias al modelo maquilador y la integración comercial, las comunidades rurales del sur enfrentaron un creciente rezago. Este desequilibrio impulsó patrones de migración interna hacia las ­ciudades, acelerando una urbanización desordenada y creando cinturones de pobreza.

Por otro lado, las remesas de Estados Unidos se convirtieron en un sustento esencial para muchas familias, aunque al mismo tiempo fomentaron una dependencia económica que limitó el desarrollo de economías locales sostenibles. La constante migración de jóvenes en edad laboral debilitó más a las comunidades rurales, dejándolas vulnerables y atrapadas en un ciclo de pobreza y exclusión que resulta difícil de romper.

El TLCAN no logró cerrar las brechas entre México y sus socios del norte; por el contrario, las amplió y puso en evidencia algunos de los costos sociales y económicos más profundos asociados a las políticas neoliberales implementadas en el país. La crisis en el campo, el incremento de la dependencia alimentaria y la expansión del narcotráfico destacan la urgente necesidad de replantear las estrategias de desarrollo económico para abordar estos desafíos estructurales.

Tras más de tres décadas de experiencia con el TLCAN y ahora el TMEC, el modelo vigente ha mostrado limitaciones para garantizar un desarrollo verdaderamente equitativo. Problemas como la migración masiva, el crecimiento del narcotráfico, las desigualdades regionales y la dependencia económica evidencian la necesidad de un cambio estructural.

Es evidente que la economía mexicana enfrenta un grave problema profundamente arraigado, que demanda una reflexión seria, un replanteamiento estructural y, sobre todo, un amplio debate nacional. Es crucial que la sociedad tome plena conciencia de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en el campo, donde la falta de oportunidades ha sido un factor determinante en el surgimiento de fenómenos como la migración masiva y la expansión del narcotráfico. Es urgente implementar medidas concretas para reactivar el campo, fortalecer su capacidad productiva, superar sus vulnerabilidades y promover un desarrollo más equitativo y sostenible en beneficio de toda la población. Las soluciones deben surgir de este debate, explorando y considerando todas las opciones posibles.

* Director del Cide