Zacatecas, Zac., En sólo dos años, el número de concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el derecho de explotación, aprovechamiento y uso de agua potable en el país, pasó de 360 mil permisos en 2023 a más de 500 mil a finales de 2024, reveló Francisco Peña de Paz, investigador del Colegio de San Luis Potosí, durante el foro Construyendo el derecho humano al agua.

En un acto público realizado este fin de semana en el teatro universitario Fernando Calderón, en el que participaron campesinos, ganaderos, empresarios del sector agropecuario e investigadores universitarios de distintas instituciones, se abordó la problemática del recurso y se plantearon soluciones alternativas, como parte del proyecto del Plan Nacional Hídrico (PNH) del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del grupo legislativo de Morena –y miembro de la Comisión de Hacienda–, encabezó el foro y dijo que en los próximo días iniciarán los trabajos formales en el Poder Legislativo con miras a la reforma del artículo cuarto de nuestra Constitución, para garantizar el derecho humano al agua.

Eso incluye aprobar una nueva ley general de aguas –con el objeto de distribuir de manera ordenada las responsabilidades gubernamentales en los tres niveles de gobierno y reformar dicha ley, con miras a alcanzar la sustentabilidad hídrica en el país y aseguró que este será el sexenio del agua.

Francisco Peña de Paz, investigador del Colegio de San Luis Potosí (Colsan), destacó que es necesario tomar en cuenta dos aspectos: construir más infraestructura hidráulica es prioritario, pero ordenar las concesiones existentes, es urgente, debido a que el PNH es de una gran relevancia histórica y social para nuestro país.

En México, 35 millones sin disponibilidad del líquido

Expuso que actualmente en México 35 millones de personas no tiene disponibilidad en cantidad y calidad del líquido. Por eso es importante la propuesta de la administración federal. No obstante, advirtió que hay dos condiciones para que el plan hídrico se cumpla: la participación de toda la sociedad y que no haya ningún poder político ni económico que esté por encima del derecho de la sociedad al agua.

A diferencia de los pasados gobiernos neoliberales en México, la administración federal morenista busca una reforma para garantizar el derecho humano y social, en contraste con administraciones como la del entonces presidente Enrique Peña Nieto, donde las empresas nacionales se beneficiaron de la privatización del recurso, gracias a la política entreguista que privilegiaba desde la Conagua su director David Korenfeld Federman:

“Dicho funcionario planteaba una visión neoliberal, respecto de la distribución ‘democrática’, con un peculiar análisis: ¿Cuánta le toca a cada quién, para hacer efectivo su ‘derecho al agua’? Donde afirmaba 50, 80, 150 litros… para cada quien.

Pero como nos ha planteado la Presidenta, el derecho es un asunto de soberanía, se trata de una gestión integral del agua y que los privados no definan cuánta le toca a la población, sino que eso lo decida el Estado mexicano a través de sus diversas instancias legítimas, aseveró.

A diferencia de Korenfeld, quien proponía: “les juntamos sus 50 litros, se los damos en una cubeta, se lo llevan y ya… y todo lo que hagamos después –ironizó el investigador del Colsan–, las minas jalando agua del subsuelo, perfecto. Las empresas químico-farmacéuticas tirando desperdicios de todo tipo a los ríos, pues, fabuloso. Porque usted ya tiene sus 50 litros y ya no haga más escándalo”.

Presa Milpillas, proyecto federal en Zacatecas

Durante el foro, el legislador federal Ramírez Cuéllar mencionó que entre los proyectos hídricos del gobierno federal para Zacatecas, está la construcción de la presa Milpillas, en el municipio de Jiménez del Teúl, al noroeste del estado, en los límites con Durango, con una inversión aproximada de 10 mil millones de pesos.

Sin embargo, durante el acto, resurgieron las protestas contra dicho embalse, que es un plan añejo que en 2015, propusieron los gobiernos priístas de la República y del estado, con los entonces mandatario Peña Nieto y el gobernador Alejandro Tello, y no se realizó por la corrupción de ambas administraciones, pese a los 120 millones de pesos que se invirtieron en un inicio en la obra a la que los habitantes de las comunidades aledañas, se oponen.

Efraín Arteaga Domínguez, docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien ha sido asesor de los campesinos de Jiménez del Teúl, mostró una pequeña pancarta donde se leía: Contra el proyecto Milpillas, en representación de las localidades a las que el gobierno del PRI en el pasado defraudó con la adquisición de terrenos por parte de terceros, que luego revendió al mismo gobierno priísta.