El gobierno de Oaxaca, que encabeza Salomón Jara Cruz, insiste en revictimizar a personas desaparecidas, en vez de trabajar en su localización, señaló el activista y defensor de derechos humanos, Joaquín Galván, luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Iván García, declaró que la ausencia de al menos ocho personas en la región de la Costa se debió a una “situación de narcomenudeo”.

La semana pasada se dio a conocer la ausencia de 14 personas, entre ellas menores de edad, durante un viaje a la región Costa; sin embargo, la Fiscalía General del Estado únicamente recibió ocho denuncias de familiares de quienes integraban este grupo, el cual presuntamente se habría dirigió a Puerto Escondido.

De acuerdo con sus familiares, el último contacto que tuvieron fue cuando se encontraban en la comunidad de Río Grande.

El pasado 15 de enero, tras comparecer por la glosa del segundo informe de Gobierno, Iván García dijo que la desaparición de esas personas fue por una situación de drogas, e ignoró la presunción de inocencia de los 14 ausentes.

Lo anterior no fue sorpresa para el defensor ayuujk, Joaquín Galván, quien reprochó que es un método utilizado por la administración morenista de Jara para afrontar la crisis de seguridad que se vive y culpar a las víctimas, como en el caso de la defensora indígena Sandra Domínguez.

Recordó que ella fue vista por última vez el 4 de octubre pasado junto con su esposo, Alexander Hernández, y fue rápidamente revictimizada y responsabilizaron a su pareja, pues aseguraron que se debió a situaciones relacionadas con el crimen organizado.

El activista puntualizó que estas posturas institucionales ante el fenómeno de desaparición forzada en Oaxaca, que ha cobrado notoriedad en estos últimos meses, tienen un solo fin: atentar contra la dignidad humana de los ausentes, restándoles su calidad de víctima, criminalizándolos para que de esa forma se reduzca la presión social contra las instituciones.

Criticó que este tipo de acciones realizadas por los funcionarios morenistas, e incluso la fiscalía oaxaqueña, violan la ley Ley General de Desaparición Forzada y la Ley General de Víctimas, por lo que deben investigarse y sancionarse a los implicados.

Establece narrativas que pueden desvirtuar el acceso a la verdad, encubrir la negligencia o inoperancia de las instituciones y proteger a figuras de poder involucradas y, sobre todo, ponen en riesgo a las familias de los desaparecidos y atentan contra uno de los derechos elementales de las víctimas: el derecho a ser buscado, puntualizó Iván García.