La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León clausuró de manera precautoria dos hornos de la empresa Zinc Nacional, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, informaron fuentes de la dependencia.

Esta decisión se tomó luego de una inspección realizada ayer de las 9 a las 21 horas. En un comunicado, la autoridad estatal señaló que se encontraron deficiencias en los sistemas de control de emisiones; por tanto, se determinó la suspensión de hornos, por los polvos encontrados en diversas áreas de suelo natural.

Indicó que esta medida se mantendrá hasta que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) asuma competencia; añadió que dará seguimiento puntual a este caso hasta que se asegure que la población no corre riesgo.

En entrevista con La Jornada, Martín Soto Jiménez, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México en Mazatlán, afirmó que la recicladora Zinc Nacional ha contaminado San Nicolás de los Garza con arsénico, cadmio, plomo y zinc al reprocesar residuos y chatarra que importa de Estados Unidos.

Tras realizar un estudio con la organización Quinto Elemento Lab y el diario británico The Guardian entre 2023 y 2024, el especialista refirió que esta situación se debe a que en Estados Unidos estos procesos están prohibidos y violar las restricciones implica pagar costosas multas.

Alertó que estas labores se llevan a cabo en México porque sus políticas son más laxas y las autoridades generalmente no supervisan a las compañías. Aseguró que Zinc Nacional afirma cumplir con las leyes ambientales; sin embargo, el especialista duda de su veracidad.

La empresa produce óxido y sulfato de zinc monohidratado a partir de la recuperación y reciclaje de residuos peligrosos y no peligrosos, particularmente polvos de horno de arco eléctrico generados por la industria acerera.

Soto explicó que para la investigación analizó 18 sitios en un radio de 2.5 kilómetros alrededor de la planta, incluidas viviendas, escuelas y calles, de donde tomó muestras de polvo y suelo para analizarlas en Mazatlán. Los resultados arrojaron 40 elementos tóxicos, incluidos los metales pesados mencionados.

Advirtió que este problema se puede extender por el área metropolitana de Monterrey porque otras firmas, entre ellas Johnson Controls, Omega y Ternium, realizan la misma actividad.

La Profepa impuso en 2020 a la compañía una multa de 15 millones de pesos por 49 anomalías.

Con información de la Redacción