Ginebra. Más de un millón de personas, la mayoría niños, se encuentran desplazadas en Haití, donde la violencia de las bandas no cesa a pesar del inicio, el año pasado, de una misión de seguridad respaldada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), mostraron ayer datos del organismo mundial.

El recuento de 1.04 millones de desplazados hecho público por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) representa un aumento del triple desde diciembre de 2023, cuando 315 mil personas se habían quedado sin hogar. Nunca hubo tantas personas desplazadas por la violencia en el país, según los datos de la ONU.

Señaló la implacable violencia de las pandillas en la capital, Puerto Príncipe, ha provocado que los desplazamientos casi se dupliquen, además del colapso de la atención médica y otros servicios, y el empeoramiento de la inseguridad alimentaria. Haití es uno de los países más pobres del mundo.

Haití necesita asistencia humanitaria sostenida en este momento para salvar y proteger vidas, indicó la directora general de la OIM, la estadunidense Amy Pope, en un comunicado enviado a los periodistas, subrayando la necesidad de abordar las causas profundas de la violencia y la inestabilidad.

Contingente reforzado

La misión internacional aprobada el año pasado, encargada de restablecer el orden, sólo ha desplegado hasta ahora una pequeña parte de sus efectivos, aunque este mes llegaron dos contingentes de soldados guatemaltecos para reforzar las fuerzas de la misión.

El portavoz de la OIM, Kennedy Okoth Omondi, declaró en una rueda de prensa celebrada en Ginebra, Suiza, que los espacios en los refugios se estaban agotando y que muchos de ellos tenían dificultades para obtener servicios básicos, como alimentos y agua.

Precisó que el retorno forzado de unas 200 mil personas –principalmente de la vecina República Dominicana– a Haití durante el último año había empeorado la crisis. Ambos países comparten la isla caribeña de La Española.

Lo que realmente ha empeorado la situación es el hecho de que una y otra vez seguimos viendo deportaciones a Haití, donde las comunidades ya están luchando básicamente por sobrevivir, ­afirmó.

El gobierno saliente del presidente estadunidense, Joe Biden, ha apoyado firmemente y expandido un programa de estatus temporal que permite que algunos ciudadanos extranjeros de países como El Salvador, Haití y Venezuela puedan quedarse en Estados Unidos.

El presidente electo del país, Donald Trump, y su compañero de fórmula, J. D. Vance –que tomarán posesión la próxima semana– han sugerido que reducirían el programa y las políticas que otorgan el estatus temporal, mientras llevan a cabo deportaciones masivas.

La regulación federal estadunidense permite que las ampliaciones de esos plazos finalicen antes de tiempo, aunque es algo que no se había hecho.

Preguntado por si la OIM estaba preocupada por los posibles cambios en esas protecciones en Estados Unidos, Okoth no mencionó a ningún país en concreto, pero señaló que la deportación o cualquier retorno forzado a países que ya enfrentan crecientes desafíos de seguridad y humanitarios no es algo que vaya a ser beneficioso para el grupo.