En el nuevo modelo para la elección judicial, diseñado con los recursos disponibles hasta el momento, los centros de votación agruparían el equivalente a cuatro casillas, esto es, 3 mil electores en cada sitio receptor del voto. Las casillas tradicionales tienen hasta 750 votantes cada una.

Asimismo, la reducción presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE) aumentaría radicalmente el área de responsabilidad de los capacitadores y supervisores de campo (CAE), al pasar de cuatro casillas de 750 electores a cuatro secciones de 4 mil empadronados cada una. Esto, debido a que se disminuiría casi 58 por ciento el número de CAE, si se compara con el personal disponible en la elección del año pasado.

Lo anterior se detalla en el documento entregado por el INE a la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, instancias que analizarán el tema para determinar el tamaño de la ampliación presupuestal al órgano, a fin de mejorar las condiciones de organización de la primera elección en México por voto popular de ministros, magistrados y jueces.

Debido al recorte aplicado por la Cámara de Diputados al INE, que solicitó 40 mil 476 millones de pesos, pero le dejaron 27 mil millones, todos los gastos operativos se reducen en cascada, empezando por una reducción de 172 mil casillas en los comicios anteriores a 73 mil 850 para el domingo 1º de junio próximo.

Asimismo, ante esta reducción, el INE optó por diseñar boletas más pequeñas (tamaño carta o media carta) y de urnas genéricas, en vez de una caja por tipo de elección, por citar otros puntos centrales.

Si bien el INE ya no necesitará 4 mil 620 millones de pesos para hacer una consulta popular, debido a que no fue admitida la única solicitud registrada, y tampoco puede mover los 7 mil 354 millones de financiamiento público a los partidos políticos nacionales, el órgano sí debió modificar las demás tareas.

El presupuesto base de operaciones del organismo electoral pasó de 13 mil 255 a 12 mil 305 millones de pesos; su cartera institucional de proyectos fue reducida de mil 208 a 494.2 millones, y los proyectos para las elecciones locales tendrán 626 millones en lugar de los 832 millones de pesos presupuestados.

De igual forma, como se ha difundido, el INE había propuesto gastar 13 mil 205 millones de pesos para organizar la elección judicial, y al final decidió dejar esa bolsa en menos de la mitad, esto es, 6 mil 219 millones.

Importancia de los CAE

El INE argumentó esta semana frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo –y también lo hizo por escrito– la importancia de los CAE para la integración e instalación de casillas, por lo que es necesario –subrayó– darles suficientes materiales didácticos, equipo de cómputo, prendas y servicio de voz y datos.

El tema es de máxima importancia en la exposición, al señalar que para la elección federal de 2024 fueron contratados 50 mil 613 CAE y ahora sólo alcanzaría para pagarle a 21 mil 690, más algunos técnicos, redondeando la cifra en 22 mil 12 trabajadores eventuales, tan sólo para esta parte de la preparación de los comicios del Poder Judicial.

Además de contar con menos tiempo para el proceso de contratación, el INE destacó que bajaría 61 por ciento al presupuesto para los gastos de campo de estas cuadrillas, incluido el número de técnicos de telefonía (por Internet e incluso satelital) que requieren para ir a campo a buscar a los potenciales funcionarios de casilla.

El sistema electoral mexicano dicta que en una primera etapa las personas autorizadas con su distintivo chaleco rosa, deben tocar la puerta de 13 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón, que a los números actuales sería llegar a unos 13 millones de domicilios.

Una de las opciones inmediatas, para afrontar la baja de recursos, es eliminar la opción de la plataforma digital para el desarrollo de los cursos virtuales a los CAE.

Tampoco habría capturistas para el Sistema de Información de la Jornada Electoral, antes se contrataron tres por distrito, y todo se deja a la transmisión de datos vía aplicación móvil, punto también de preocupación del INE.

Igualmente, con lo disponible se reduciría la producción de materiales audiovisuales para alentar la participación ciudadana; cancelaría los actos en universidades para este mismo fin (el año pasado hubo 286 reuniones), y reduce 61 por ciento los espectaculares para la difusión de mensajes institucionales.

En la práctica, contar con menos recursos –además de elementos jurídicos y operativos– resultó en no incluir en esta elección judicial a los mexicanos que viven en el extranjero (el año pasado se inscribieron 223 mil 970 connacionales), y tampoco a las personas en prisión preventiva (en junio pasado hubo votación en 217 centros penitenciarios).

Esperaban más

Aunque Sheinbaum dijo a la prensa que hasta el momento habría 800 millones para dar al INE –adicionales al monto actual–, siempre que éste desglose con transparencia cada uno de los gastos, los consejeros esperaban algo más, entre mil y mil 500 millones para fortalecer el nuevo modelo de votación.

Ese fortalecimiento pasa –según el documento ya en análisis del gobierno– por contratar a más CAE, y darles el equipo necesario; asegurar alimentos para los funcionarios de casilla; garantizar el pago del personal eventual, especialmente los de campo y de tareas informáticas y técnicas; ampliar la cobertura de telefonía satelital para áreas rurales, y en general los mecanismos de recolección y concentración de datos de resultados electorales, y capacitar al personal de los módulos del Registro Federal de Electores que harán los cómputos definitivos de esta elección histórica.