Zacatecas, Zac., La construcción del viaducto elevado en esta ciudad –de apenas 3.4 kilómetros de longitud que costará 3 mil 650 millones de pesos– ocasionó que el fin de semana se interpusieran dos amparos indirectos ante los juzgados de distrito del Poder Judicial del estado para que se suspenda esta obra, impulsada por el gobernador David Monreal Ávila.

Fueron promovidos por el ayuntamiento capitalino, a cargo del alcalde panista Miguel Varela Pinedo, quien calificó la edificación de robo del siglo, así como por los integrantes de la red Ciudadanía Participativa de Zacatecas, que incluye a comerciantes, empresarios, propietarios de inmuebles y universitarios.

Ayer, en rueda de prensa, Rodolfo García Zamora, Juan Francisco Valerio Quintero, Ricardo Flores Suárez del Real y Sandra Rodríguez Villegas, de la red ciudadana, así como el abogado José Manuel Hermosillo Vallarta, del despacho Artículo 2, especializado en litigio estratégico para la defensa de bienes patrimonio cultural en México, expusieron los argumentos del amparo indirecto que interpuso David Monreal para echar abajo una suspensión de obra que le aplicó el municipio zacateano.

El 23 de diciembre pasado, acompañado de sus funcionarios, el edil Miguel Varela acudió al bulevar Adolfo López Mateos y colocó sellos de suspensión de los trabajos, la maquinaria e implementos de la constructora Hycsa, por falta de permisos de construcción municipales.

Cinco días después, por un amparo expedido por la magistrada Aída Alicia Lugo Dávila, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Zacatecas y cuñada del gobernador David Monreal, el mandatario estatal logró reanudar las obras del polémico viaducto elevado.

No obstante, podría ser suspendida legalmente mediante los dos amparos indirectos presentados, dijeron los inconformes.

A través de estas acciones judiciales demostraremos e intentaremos evitar que una obra onerosa e irresponsable destruya parte del patrimonio de nuestra ciudad histórica, expuso Juan Francisco Valerio Quintero.

Probaremos en tribunales que la falta de certeza y de seguridad jurídica con que han actuado las autoridades estatales vulneran nuestros derechos sociales al desarrollo, a la movilidad, a la ciudad, a beneficiarnos del bien patrimonio y cultural, sostuvo el académico.

En tanto, el investigador Rodolfo García Zamora pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que se suspenda definitivamente “un proyecto costoso e inviable, opaco, que nadie conoce, promovido por Monreal Ávila, quien representa un cáncer para Morena.

A nuestra Presidenta le hemos entregado personalmente dos expedientes, donde planteamos, que no se tolere este grado de corrupción e ineptitud en un estado pobre y marginado, de un millón 650 mil habitantes, que tiene una enorme cantidad de necesidades sociales, donde hay 725 mil pobres crónicos según datos recientes del (extinto) Coneval, así como a 60 por ciento en la economía informal; en el abandono, a más de 4 mil escuelas; a más de 50 clínicas de salud y al hospital general de Zacatecas desmantelados; además, con una creciente ola de violencia, asesinatos y desapariciones de miles de personas, acusó.

Sólo con el respaldo del gobierno federal, dijo, Zacatecas podrá ver cancelada esta obra que no es una prioridad social, sino un capricho del gobernador morenista en turno, subrayó García Zamora.