Con el propósito de abonar a la equidad en la elección judicial, los candidatos no podrán pagar encuestas o sondeos; de hacerlo enfrentarán las consecuencias en materia de fiscalización de ingresos y gastos, determinó la comisión del Instituto Nacional Electoral (INE) organizadora de estos comicios.

El presidente de la comisión, Jorge Montaño, subrayó además que el análisis de los presuntos actos anticipados de campaña de aspirantes a juzgadores todavía no están en la cancha del INE, sino de los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión.

Frente a supuestas acciones inu­suales, particularmente de personas que ya forman parte del Poder Judicial y buscarían continuar en éste, señaló: Hemos sido muy claros en que esa parte todavía se encuentra en cada uno de los comités, los cuales tendrían que ir atendiendo ese tipo de situaciones; (el tema) todavía no está de manera definitiva en nuestra cancha, hasta que ya nosotros tengamos los nombres de quienes van a estar en las boletas.

En ese contexto fueron aprobados los lineamientos que deberán aplicarse para los estudios de opinión y encuestas aplicadas a los ciudadanos afuera de las casilla.

Los anteproyectos en mención serán puestos a consideración del Consejo General del INE; establecen las reglas y criterios que las personas físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión en la elección judicial.

Ante la proximidad de la jornada electoral, el 1º de junio, ya no da tiempo para mesas de diálogo con los encuestadores, por lo que se tomarán como válidos los criterios existentes, sobre todo la obligación de hacer pública la metodología para elaborar estos materiales.

Más allá del posible caudal de encuestas, en principio se reiteró que los resultados oficiales de este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y concurrentes son exclusivamente los que den a conocer el Instituto Nacional Electoral o el Organismo Público Local, según corresponda.

Sin embargo, habrá una vigilancia especial para las encuestas en las que aparezcan las personas candidatas; la Coordinación Nacional de Comunicación del INE será la instancia encargada de revisar el monitoreo de estos materiales divulgados en redes sociales y demás plataformas digitales.

El reporte deberá ser entregado a la comisión organizadora, que a su vez lo remitirá a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) para definir si es una encuesta o sondeo de opinión o bien presunta propaganda no permitida.

En caso de actualizarse esta última conducta, la UTCE daría vista a la Unidad Técnica de Fiscalización para que en el ámbito de sus competencias determine lo conducente respecto de los recursos aplicados a dicha encuesta o sondeo, se indicó.

Montaño lamentó que este proceso electoral extraordinario nos va presentando muchos retos y se pondrá de manifiesto la insuficiencia, lo corto que está quedando el marco normativo para esta elección extraordinaria y detectar las afectaciones a la equidad.

Por lo pronto, se detalló la prohibición para los candidatos de contratar encuestas, en un contexto en el que tampoco tendrán acceso a financiamiento público o privado, como lo marca la reforma judicial.