En 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 20 recomendaciones al Instituto Nacional de Migración (INM) por vulnerar diversos derechos fundamentales a más de un centenar de migrantes que transitaban por el país. En su mayoría, los señalamientos fueron por casos de retención indebida de estas personas en estaciones migratorias, centros de asistencia y oficinas administrativas.

También, por casos de inadmisión injustificada al país, particularmente de extranjeros a quienes, tras arribar a los aeropuertos internacionales de Cancún, Quintana Roo, y la Ciudad de México, se les negó la entrada pese a contar con documentos que probaban su estancia regular.

En las 20 recomendaciones, la CNDH reconoce a por lo menos 140 migrantes víctimas de actos violatorios a derechos humanos cometidos por agentes del INM, entre ellas menores de edad. Sin embargo, casi en su totalidad tienen que ver con hechos ocurridos en 2023, puesto que sólo una fue por sucesos del 2024, según una revisión de estos documentos disponibles en la página de internet de la Comisión Nacional.

Aunque el INM se mantuvo como la tercera institución con más recomendaciones, detrás del IMSS y del Issste, entre 2024 y 2023 hubo una disminución del 45 por ciento de éstas, pues en ese último año sumaron 37, ya que a la CNDH llegaron más casos en los que personas que contaban con el reconocimiento de refugiado y solicitantes de esta condición fueron deportadas a sus países de origen.

Asimismo, en 2023 documentó otros casos por detención arbitraria realizada por agentes migratorios en domicilio particular.

En cuanto a las recomendaciones de 2024, las entidades en las que se cometieron las violaciones a derechos humanos por parte del INM son Ciudad de México, Veracruz, Quintana Roo, Nuevo León, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala y Coahuila.

Entre los casos documentados, algunos tienen que ver con las malas condiciones de alojamiento en estaciones migratorias como la de Apetatitlán, Tlaxcala, y la de Torreón, Coahuila. En esta última, particularmente la CNDH detectó que no había agua potable, los baños estaban sucios y las estancias tenían basura.

Otros actos por los que fue señalado el instituto que aún encabeza Francisco Garduño, fue por retener a migrantes en estancias u oficinas administrativas por más de 36 horas; por no proporcionar información oportuna y por dilatar en resolver la situación migratoria de las personas detenidas. Una más se relacionó con el caso de un migrante que no recibió atención médica oportuna mientras formaba parte de una caravana en Huixtla, Chiapas.

En el año 2024, la CNDH igualmente emitió una recomendación por la masacre de 19 migrantes en Camargo, quienes fueron asesinados y calcinados por policías estatales el 22 de enero de 2021.