La mayor concesionaria para la explotación de oro y plata en el país, la canadiense Orla Mining, se negaba a reconocer al gremio
Miércoles 8 de enero de 2025, p. 13
A pesar de las argucias legaloi-des
de un sindicato patronal respaldado por la compañía canadiense Orla Mining, un juez federal concluyó que el Sindicato Nacional Minero, encabezado por el diputado federal Napoleón Gómez Urrutia, es el titular del contrato colectivo de trabajo (CCT) en la Minera Camino Rojo, ubicada en Mazapil, Zacatecas.
La determinación estará vigente hasta que se resuelvan los recursos legales pendientes interpuestos por el sindicato minero sobre el caso de la mayor concesionaria para la exploración y producción de oro y plata en territorio nacional, conflicto que motivó la instalación de un panel laboral al amparo del T-MEC con participación de representantes de México, Canadá y Estados Unidos que analizarán el tema.
Nahir Velasco, coordinador jurídico del sindicato minero, señaló que el juez Armando Sánchez Castillo, adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, resolvió “conforme a derecho y se reservó acordar la ‘contragarantía’” que exhibió una organización gremial afiliada a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI), respaldada por la empresa de capital canadiense.
A pesar de que dicho sindicato de protección patronal presentó ese instrumento de manera errónea, el secretario instructor de dicho tribunal le dio una nueva oportunidad
de exhibirla, indicó.
Con la contragarantía
el gremio afiliado a la FNSI pretendía administrar el contrato y buscó dejar sin efecto la suspensión concedida por el propio Tribunal al Sindicato Nacional Minero, en la que determinó que el Centro Fe-deral de Conciliación y Registro Laboral debía abstenerse de reconocer a otro gremio.
Entre los recursos legales aún pendientes que interpuso el sindicato minero está un amparo directo, debido a que Orla Mining se niega a reconocer a esta organización como titular del CCT y representante de los trabajadores de la sección 335. Esta situación derivó en la queja laboral por la violación a los derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva de los mineros.