Seúl. El suspendido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ordenó ayer a sus abogados que investiguen a los agentes que intentaron el viernes ejecutar una orden de detención en su contra, dentro de la indagatoria a la que es sometido por su fallida declaración de ley marcial el 3 de diciembre.

Yun Gap-geun, abogado defensor del mandatario suspendido, anunció que presentará una denuncia contra el jefe de la oficina de investigación de crímenes de altos funcionarios públicos, Oh Dong-woon, y contra decenas de sus subordinados que cometieron una entrada ilegal en la residencia presidencial al intentar ejecutar por vez primera, y fracasando en el intento, la orden contra Yoon.

Según la agencia informativa sud­coreana Yonhap, la dependencia anticorrupción ya solicitó a la policía que se encargue de ejecutar la orden de detención contra el presidente sustituido. Estamos llevando a cabo una revisión legal interna, indicó un funcionario de policía.

Park Jong-joon, jefe del servicio de seguridad presidencial, respondió ayer a las críticas de que su organización se convirtió en el ejército privado de Yoon y expuso que tiene obligaciones legales de proteger al mandatario supendido.

Los comentarios se produjeron después de que un tribunal de Seúl rechazó una queja de los defensores de Yoon en el sentido de que la orden de detención era ilegal e inválida, informó Yonhap.

Además, en la declaración de ayer, Park tachó de absurda la acusación de la principal formación opositora, el Partido Demócrata, de que ordenó a los agentes de seguridad presidencial que utilizaran munición real si se quedaban cortos en el enfrentamiento del viernes.

En tanto, sobre un manto blanco que cubre a Seúl, cientos de manifestantes, a favor y en contra, abrigados para enfrentar la nieve y las temperaturas bajo cero protestaron, durante la noche del sábado y hasta la madrugada de ayer, cerca de la residencia del mandatario suspendido.