Chilpancingo, Gro., Mientras no haya un programa nacional en beneficio de los jornaleros agrícolas, el cual reconozca el trabajo que realizan y se les otorguen prestaciones de ley, continuará la lucha de los trabajadores que se ven obligados a migrar de sus comunidades a otras entidades del país en busca de mejores condiciones de vida para sus familias, aseguró Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

A propósito de la huelga que realizaron integrantes del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas en San Quintín, Baja California, recordó que desde hace seis años se hizo este planteamiento al gobierno federal y a la fecha no hay respuesta; tampoco a nivel estatal.

En entrevista, Barrera Hernández explicó que en Guerrero, entidad gobernada por la morenista Evelyn Salgado Pineda, funciona la Secretaría del Migrante, pero se enfoca en los internacionales. Reprochó que para esa administración el jornalero agrícola no existe, no hay ningún apoyo.

Puso de ejemplo el caso de los hombres del campo que dejan las comunidades nahuas Ayotzinapa y Xochitepec, municipio de Tlapa, de donde salen unas 800 personas con sus familias, que se van a trabajar a los ranchos, no a empresas; van a la siembra de chile tres o cuatro meses. Ahí los contratan por día y ese les pagan, a veces al otro día ya no los contratan.

Barrera Hernández sostuvo que en la Secretaría del Trabajo no hay seguimiento de estas empresas, que no existen y no pagan impuestos, o tienen nombres ficticios; es un entramado para evadir impuestos.

Reprobó que el gobierno guerrerense tampoco les ofrece nada, todo se lo cargan a la Federación; las madres que van a trabajar, pasan seis o siete meses por allá, sin ninguna prestación, por eso se necesita un programa especial de jornaleros. Ya se ha pedido al Seguro Social que tome en cuenta a ese sector de la población, que no tiene seguridad social, garantías ni derechos.

Agregó que a la Secretaría de Agricultura se le solicitó atender a los pequeños productores que no tienen recursos para recuperar la práctica de la siembra de maíz; aquí en la Montaña ya no se produce; a la Secretaría del Trabajo se le ha planteado que tome en cuenta la labor de los jornaleros agrícolas (...) pelean porque se reconozca su trabajo a destajo.

Enganchamiento en condiciones adversas

El activista resaltó que se plantea la creación de un programa nacional debido a que no hay seguridad en cuanto a la contratación, traslado y estancia para el embarque, pensando en los migrantes de Tlapa, Chilapa de Álvarez y Ometepec, que son los lugares donde se contrata a la gente. El enganchamiento de los jornaleros se da en condiciones adversas

Señaló que por eso una estrategia en la materia debe garantizar sus derechos laborales, ya que son los más explotados y vulnerables; no tienen seguridad social y trabajan a destajo en lugares muy inseguros, donde son víctimas de extorsión por autoridades de tránsito, cuando circulan en camionetas con sus familias.

Barrera denunció que en Sinaloa “hay cruceros donde se les para, como si fuera retén y les piden ‘cuota’ de 100 o 200 pesos, con el pretexto de que no tienen permiso para trasladar a personas. Todas estas anomalías que la gente sufre son un problema, un viacrucis porque son extorsionados y engañados”.

Lo mismo sucede cuando los jornaleros salen de aquí en los autobuses; nadie sabe el nombre de la empresa ni del chofer, que a veces va en estado de ebriedad; no les dan boletos, les dan una tarjeta, en donde según va el nombre de la línea de autobús, y les dicen que ese es su boleto.

Expuso que incluso, cuando hay algún accidente o se descompone el vehículo, no hay empresa que responda y los dejan en el camino;si pasa otro camión les dicen que tienen que pagar otro pasaje. Cuando salen de sus pueblos piden dinero prestado, es un círculo de endeudamiento permanente, aparte de las extorsiones de que son objeto.

Ante esta situación, insistió en realizar un censo nacional para saber cuánta población jornalera hay en México, se habla de entre 3 y 5 millones, sobre todo de los que salen de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, y de otras regiones en menor número.

Ellos van a trabajar tanto a las empresas ya registradas, que exportan productos como berries (moras), medio cubren salarios, pero las prestaciones no están seguras. Algunas empresas los contratan por dos tres meses, luego los dan de baja, sobre todo cuando ya tienen problemas de salud.

No hay contratos por escrito, no se respetan las horas de trabajo; la gente prefiere trabajar horas extras porque les pagan más, o por producto cosechado, porque les pagan 30 pesos por costal de chile o tomate colectado; a veces logran ganar más de 300 pesos, que para los jornaleros es pasar la línea de sobrevivencia, porque de ahí pagan un cuartucho sin luz, sin agua, en donde viven con sus familias.