Con 12 meses cumplidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Lenia Batres Guadarrama considera que ya tiene una radiografía del máximo tribunal y subrayó que uno de los problemas es que, si bien entre los actuales ministros no hay partidos políticos, sí hay intereses económicos.

Con ello, se defiende de críticas por su afinidad con la Cuarta Transformación, la cual no niega e incluso le ha generado el mote de ministra del pueblo, pero asegura que ninguna de sus decisiones como jueza del máximo tribunal, ninguna, ha tenido que ver con un partido político.

No soy yo la que se fue a sentar con líderes partidarios de manera clandestina; creo que deben ser las relaciones muy transparentes, dijo en entrevista con La Jornada.

Lo anterior, en alusión a la cena electoral del 12 de diciembre del 2023 ofrecida por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández a magistrados electorales, al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno y al panista Santiago Creel, quien no asistió. La reunión tuvo lugar en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y había sido secreta hasta que fue revelada por la prensa.

Batres dice que son naturales las concepciones político-ideológicas entre los ministros porque 100 por ciento de los más de 200 togados en la historia de la Corte mexicana han sido propuestos por un presidente de la República con una afinidad política. En su caso, ella fue nominada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

El peligro de la parcialidad está en otros temas que se refieren al interés económico. Ahí sí, hay varios ministros, ministras aquí que hemos tenido experiencias anteriores jurisdiccionales, ministros que han pertenecido a bufetes de abogados que han simpatizado, han atendido, resuelto y representado directamente a diferentes empresas. Ahí sí hay un riesgo de parcialidad, con resoluciones que han tenido o que se han derivado directamente de allí, afirmó.

La reforma judicial promulgada el 15 de septiembre pasado ordena que los actuales 11 ministros dejarán el cargo el 31 de agosto de 2025 para elegir por el voto popular a sólo nueve, quienes entrarán en funciones el 1º de septiembre del mismo año.

Para Batres Guadarrama la futura integración de la Corte es una magnífica oportunidad para restablecer el diálogo entre el Poder Judicial Federal (PJF) con el Ejecutivo y el Legislativo, divorcio del que responsabiliza a la ministra Norma Piña. El más reciente ejemplo de la ruptura fue el pasado 10 de diciembre, cuando no asistieron los titulares de dichos poderes al segundo informe de labores de la titular de la Corte y de la Judicatura.

Sobre dichas ausencias, Batres comentó que no se puede confiar en alguien que un día pega y al otro día también. No se puede someter un presidente, una presidenta a las groserías de nadie. Al riesgo de que no se pare, de que se voltee, de que le hagan grosería. O sea, gestos groseros que son muy elementales. Que en términos institucionales dicenmucho. O sea, no se puede someter a un jefe de Estado, a una jefa de Esta-do, al voluntarismo, al temperamento de nadie.

El año que concluye ha sido el más intenso en la historia del PJF, dice Lenia con una sonrisa. Pero a la par, exhibió que dentro del alto tribunal se enfrentó a hostilidades y exclusiones de actividades y actos institucionales por orden direc-ta de Piña. Por ejemplo, a diferen-cia de sus compañeros, dice, ella nunca fue invitada a participar en los 14 foros nacionales sobre seguridad y justicia.

En este marco, destaca que hacia adelante “quien esté al mando de la Corte tiene que representarla en su conjunto. Es decir, a un poder del Estado, con la responsabilidad que eso implica. También reconoce que el reto será conciliar a la comunidad dentro del PJF, actualmente fragmentada por la enmienda constitucional en la materia.