n su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó cualquier forma de injerencismo en la política mexicana de combate al narcotráfico y reiteró sus críticas al reportaje
de un diario estadunidense en el que se elabora una ficción en torno a la manufactura del fentanilo. En el relato, las firmantes de la nota atestiguan la elaboración del potente opioide en las instalaciones de una cocina doméstica, lo cual fue denunciado como inverosímil desde el punto de vista científico por la mandataria, la titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Armida Zúñiga Estrada, y el director del IMSS-Bienestar y ex comisionado de Cofepris, Alejandro Svarch Pérez.
Este último explicó que es imposible fabricar fentanilo como se refiere en la nota –de manera casera, sin equipos de protección ni instrumental especializado– debido al grado de toxicidad de esa droga sintética. No sólo se trata de que una cantidad de fentanilo puro tan pequeña como cuatro o cinco granos de sal puede matar a quien entre en contacto con ella, sino de que no existe evidencia alguna del desarrollo de la supuesta tolerancia que permitiría manejarlo sin consecuencias letales. Como indicaron los funcionarios, que poseen formación en química y medicina, si fuera viable manipular el opioide con semejante ligereza no existiría la cantidad de muertes por sobredosis observada en Estados Unidos. Por ello, es inevitable concluir que la historia referida constituye un ejercicio de imaginación inspirado en producciones hollywoodenses.
Con esta certeza, es necesario preguntarse con qué propósito se elaboran estos infundios y a quién le son útiles. En cuanto a la primera cuestión, no resulta difícil constatar que las intenciones van en línea con la política exterior de Washington para desentenderse de sus responsabilidades en el tratamiento de las personas adictas, el control de las armas de fuego y sus legislaciones nacional y locales que facilitan el lavado de dinero. Así, puede verse un refuerzo a la narrativa que culpabiliza a otros países por un problema que inicia dentro de Estados Unidos con la comercialización criminal de analgésicos opiáceos, se desarrolla dentro de ese mismo país mediante la complicidad oficial con las farmacéuticas y el enfoque represivo que ignora la atención a los adictos, y que impacta de manera tan atroz como injusta a México, donde se desata toda la violencia asociada al tráfico de sustancias consumidas al norte del río Bravo. El montaje parece también un guiño del diario neoyorquino para congraciarse con el próximo inquilino de la Casa Blanca regalándole elementos para nutrir sus discursos paranoicos, racistas y falaces.
Además de los promotores del intervencionismo estadunidense en México y los opositores al proyecto de nación impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, los principales beneficiados por la desinformación son los grupos criminales: al divulgar adulteraciones de la realidad, se obstaculiza la comprensión del problema de los estupefacientes y se generan confusiones favorables a las facciones delictivas que ven con beneplácito cómo la atención pública se desvía de sus actividades verdaderas por distraerse en mitos modernos. Además, la presentación de ficciones como si se tratase de hechos es una práctica perversa, contraria a la ética básica del oficio periodístico y, por añadidura, un servicio a la política colonialista e injerencista en el que se advierte el designio de alborotar el patrioterismo xenofóbico de la derecha estadunidense, aun si ello causa turbulencias en la cooperación bilateral contra los estupefacientes y, lo peor, en ofensa a la verdad.
