Muy poco se habla del abuso sexual infantil en México. La falta de información y conciencia sobre lo que implica es parte del problema, cuya prevalencia se duplicó en sólo cuatro años, al pasar de 2.2 en 2018 a 4.5 por ciento en 2022, en promedio a nivel nacional. Aunque, por estados, las diferencias son notables. En Nayarit se ubicó en 10 por ciento y Morelos 9.4, afirmó Leonor Rivera, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Estas entidades, junto con Nuevo León (9 por ciento), registran las cifras más altas, lo que también ha sido identificado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que en 2019 ubicó a México en el primer lugar en incidencia del abuso sexual infantil.

Rivera y su equipo de trabajo realizaron un análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) de 2018 y 2022 y encontraron lo que califican de un crecimiento impresionante del fenómeno que trastoca la integridad y todos los aspectos de la vida presente y futura de niñas, niños y adolescentes.

Incumplen con dar aviso al DIF

Desde hace mucho tiempo se sabe que los responsables de más de 90 por ciento de los casos de abuso sexual infantil son familiares directos (papá, tíos, padrastros), algo de por sí grave que se acrecienta cuando la denuncia de la agresión en contra de los infantes surge como parte de la disputa de los padres en procesos de divorcio.

No siempre es cierto, comentó Luis Peña, encargado del despacho de la Dirección General de Representación Jurídica del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Pero cuando la denuncia es real, tampoco es fácil comprobarlo por razones diversas.

La primera, porque generalmente no se toma en cuenta la voz de los niños y los jueces de lo familiar y penales incumplen con su responsabilidad de avisar al DIF para que asista y acompañe a los menores, como mandata la ley vigente desde hace 10 años.

Lamentó que cada vez es más frecuente que se presente la denuncia por abuso sexual infantil en contra de alguno de los progenitores y, la mayoría de las ocasiones, como parte de un juicio donde el papá y la mamá no se ponen de acuerdo sobre la guarda y custodia y se olvidan del bienestar de sus hijos.

Hasta en 80 por ciento de las demandas de divorcio se da esta situación. Sólo 20 por ciento de las parejas ponen por delante el bienestar de sus hijos y alcanzan un acuerdo, señaló el funcionario.

Además de la disputa sobre quién se quedará con los niños, los pleitos de divorcio se complican por la pensión alimenticia, el interés de alguna de las partes por impedir que el otro tenga contacto con los niños o que se ordenen visitas supervisadas, entre otros factores. A eso se agrega el posible abuso sexual infantil y donde los niños están en total desprotección, en medio de sus padres.

Por eso, comentó Peña, en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes se establecieron las figuras de representante coadyuvante sin conflicto de intereses o representantes en suplencia que se asignan a los DIF nacional y estatales. En ambos casos, el objetivo es salvaguardar los derechos de los hijos menores de edad.

Sobre todo como representantes en suplencia en cualquier tipo de juicio, los abogados del DIF hacen valer argumentos imparciales sobre los niños y garantizan que sean escuchados por los jueces, tomando en cuenta su grado de madurez y nivel cognitivo.

Eso, cuando los jueces aceptan su intervención y los papás no interponen recursos legales para impedirlo. En estos casos, los abogados del DIF tienen que recurrir a la siguiente instancia judicial para obtener un amparo. Aunque lleva tiempo, ahí lo ganamos porque la ley es muy clara al respecto.

En México estamos en pañales en garantizar a niños y adolescentes la protección de sus derechos porque ni los juzgadores cumplen con la ley. Hasta en 70 por ciento de los casos, no se da aviso al DIF de los procesos judiciales donde hay menores de edad involucrados.

Peña confió en que esta situación cambie con la entrada en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues unifica los criterios y son de cumplimiento obligatorio para todos los juzgados.

De cualquier manera, con base en los datos de la Ensanut, la evidencia es clara sobre el incremento del abuso sexual infantil, el cual es una de las peores formas de violencia contra ese grupo poblacional.

En una publicación, Rivera y colaboradores advierten que las consecuencias se reflejan en daños en la salud física y mental de las víctimas, con depresión, conducta suicida y consumo de sustancias, entre otros.

La investigadora comentó que en otro estudio identificaron que cuando los niños son víctimas de abuso sexual por parte de su papá, la mamá se calla por razones como no creer a sus hijos, o ellas también sufren violencia y eso favorece que les parezca normal. En otras ocasiones, el temor a quedarse solas y la falta de respaldo familiar, el no tener trabajo ni manera de obtener dinero, las lleva a ignorar las agresiones contra ellas y sus hijos.

A partir de las investigaciones que han realizado en el INSP, Rivera ha desarrollado estrategias de prevención con programas de computación, lentes de realidad virtual y diversos materiales con los cuales se imparten talleres a los niños y se divierten aprendiendo. Todo está disponible para su utilización en las escuelas, indicó la especialista.

Reconoció la posibilidad de que en los conflictos por divorcio, alguna de las partes invente lo del abuso sexual infantil, pero también es posible –afirmó– que eso haya sido el detonante para demandar el término de la relación conyugal. En cualquier caso, subrayó la especialista, lo más importante es siempre creer en lo que dicen los niños.