El cumplimiento del derecho humano al medio ambiente sano en México se encuentra en un nivel crítico y generalizado en todo el territorio nacional, revela un estudio publicado recientemente por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM.

Tras un análisis de 42 variables sobre la vivienda, la contaminación del aire, agua y suelo, así como de los daños por incendios forestales, sequías e incluso de las calles y vialidades que tienen árboles, el investigador Saúl Arellano Almanza señala que este derecho no responde a los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos.

Lo anterior, dijo, es producto de la falta de acceso al agua potable, a una vivienda digna y decorosa, a la salud y a otros rubros que sumados pueden proporcionar un ambiente sano.

Con base en lo anterior, Arellano Almanza elaboró el Índice Global de Cumplimiento del Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano, con el de fin de mostrar el puntaje que obtiene cada entidad, según la evidencia disponible.

De acuerdo con este estudio, titulado Diagnóstico sobre el incumplimiento de los derechos ambientales en México es imposible asegurar que los estados con mayor puntaje en el índice garanticen adecuadamente los derechos que su población requiere, pero son aquellos donde se tiene un mayor nivel relativo de logro.

El diagnóstico revela que los estados por encima de la media nacional son Colima, Michoacán, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Tlaxcala, Guanajuato, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán.

Por debajo de la media, pero sin llegar a una situación crítica están Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chihuahua, Hidalgo, Campeche, Morelos, Baja California, Puebla, Ciudad de México y Chiapas.

En contraste, los estados con los puntajes más bajos son Oaxaca, estado de México, Querétaro, Nuevo León, Tabasco y Guerrero, donde los efectos del cambio climático han tenido consecuencias graves y daños ambientales que se traducen en una acelerada pérdida de servicios ambientales.

De manera general, lo que se percibe son menores niveles de logro en las entidades del sur-sureste del país, respecto de lo que ocurre en la mayoría de los estados del centro, poniente y norte. Además, la evidencia compilada y analizada sugiere que existe una fuerte asociación entre el nivel de cumplimiento de los derechos ambientales y los de desarrollo y pobreza en las entidades, concluye el académico del PUED.

En ese sentido, a menor desarrollo y mayor pobreza, hay un menor grado de cumplimiento del derecho humano al medio ambiente; sin embargo, aclaró que esto es relativo, ya que algunos indicadores donde los estados con mayores niveles de pobreza muestran mejores condiciones de cumplimiento.

Ante esta situación, el análisis de Arellano advierte que estamos a tiempo de detener y revertir procesos de deterioro, de lo contrario, estamos socavando el derecho de los jóvenes y de las futuras generaciones a una vida digna, segura y saludable, sobre todo por la reducción al gasto público per cápita destinado a la protección ambiental.