Con la firma del Acuerdo por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad y la aplicación del Plan Hídrico Nacional (2024-2030), concretados en noviembre pasado, el gobierno pretende regular más de 360 mil concesiones para que las empresas hagan un uso adecuado de este recurso y no incurran en prácticas ilegales.

Para garantizar la seguridad hídrica en ambos proyectos sin vacíos, Saúl Alejandro Flores, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas de Aguascalientes, asegura en entrevista con La Jornada que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), junto con otras autoridades, deben aplicar una nueva metodología de medición de las aguas subterráneas y superficiales, emplear más tecnologías e inspectores de campo y reformar el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, que data desde 1992.

El especialista señala que uno de los principales problemas es que el gobierno no cuenta con una medición de las concesiones para determinar los volúmenes que son extraídos, explotados, usados y aprovechados en México. Esto, indica, dificulta dar un seguimiento al cumplimiento de los volúmenes concesionados para uso industrial, pero también a los sectores agrícola, pecuario, acuícola, público urbano y de servicios.

Dichas concesiones de agua han sido la fuente de controversia, pues a menudo, los titulares no cumplen con las condiciones establecidas e incurren en prácticas ilegales, como la venta de agua a particulares y a otras empresas, o bien a través de la extracción de volúmenes de agua que afectan a las comunidades cercanas.

Con la finalidad de evitar chanchullos de las empresas y de los coyotes, el investigador explica que la Conagua requiere aplicar métodos de isometría para medir, como una especie de radiografía, la estructura geológica de los pozos y los volúmenes de agua almacenados para determinar la extracción en valores reales con las mediciones que aplicaría para todos las concesiones.

Para supervisar los rangos, destaca que se debe instalar más tecnología en las redes de agua, como la automatización de la macromedición para saber en tiempo real y de manera remota los volúmenes consumidos y excedentes de todos los sectores concesionados. Agrega que también podría ayudar a determinar los rangos de extracción al monitorear los consumos de luz en cada pozo y de descargas de agua realizadas.

En México, se estima que más de 3 mil particulares cuentan con unos 4 mil títulos que les permiten extraer, a cada uno, más de un millón de metros cúbicos por año, de acuerdo con la plataforma del Registro Público de Derechos de Agua, perteneciente a la Conagua, a cargo de Efraín Morales López.

Sin embargo, Flores punta que estos datos no son confiables porque la plataforma no está actualizada ni ordenada, tampoco detalla si son micro, medias o grandes empresas o si cumplen con las normas o están sancionadas.

Por ello, el catedrático apunta que la comisión debe invertir en el despliegue de más inspectores en el terreno para que auditen y supervisen a los titulares en dado caso de que se requiera de aplicar sanciones ante un mal manejo de los pozos, como daños físicos o ambientales, o algún delito, como el huachicoleo del agua.

Para hacer respetar los proyectos hídricos del nuevo gobierno por parte de los concesionarios, resalta que es fundamental aplicar reformas al reglamento de la Ley de Aguas Nacionales basadas en los retos y emergencias que se viven del país, como las sequías a causa el cambio climático o la escasez de agua para consumo humano.

Las estrategias definidas en el Plan Nacional Hídrico establecen regular la transmisión de concesiones entre particulares con el fin de recuperar estos volúmenes para que puedan ser utilizados en situaciones de emergencia para el consumo humano, realizar decretos para regularizar aquellos permisos que se encuentran vencidos cuando estos se encuentran dentro del marco de la ley y la creación de una plataforma para digitalizar y facilitar los trámites, además de prevenir la corrupción.

Uno de los primeros pasos para poner en marcha este plan, fue la firma del Acuerdo Nacional para el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, en el cual de manera voluntaria, 67 distritos y unidades de riego se comprometieran a regresar al Estado más de 2 mil 800 millones de metros cúbicos del líquido, el equivalente a tres años de consumo en la Ciudad de México, cuando a nivel nacional hay 86 distritos y 50 mil 753 unidades.

Además, 75 empresas acordaron devolver 126 millones de metros cúbicos e invertir más de 21 mil millones de pesos para eficientar, tratar y reusar el agua para procesos industriales, obras comunitarias, riego de cultivos o, incluso, consumo humano.