Santiago. Un controversial proyecto minero-portuario conocido como Dominga, en el centro-norte de Chile a un costo de 2 mil 500 millones de dólares y cuya construcción fue impedida hace dos años por su impacto medioambiental y al ecosistema marino, se tornó en el más reciente desafío al gobierno cuando un tribunal ambiental anuló la decisión y ordenó al Comité de Ministros votar nuevamente, esta vez imparcialmente.

El historial del proyecto, que data por lo menos de 2010, evidencia el cabildeo para facilitarlo, hay registro del tráfico de influencias que se ejerció durante la segunda presidencia del fallecido Sebastián Piñera y también de los conflictos de interés que rodearon al entonces gobernante, porque estaba entre los inversionistas iniciales en la mina y vendió su participación en condiciones ventajosas producto de decisiones que tomó entonces, concretamente impedir la construcción de una termoeléctrica en las inmediaciones.

Dominga, a 600 kilómetros al norte de Santiago, en el municipio de La Higuera, Región de Coquimbo, explotaría hierro, cobre y oro, pone a prueba la voluntad ecologista del gobierno centro-izquierdista de Gabriel Boric, frente a la oposición que lo acusa de ideologismo y obstaculizador del crecimiento de la economía, mientras el empresariado presiona por vía libre para desplegar una batería de inversiones que, alega, están paradas por la permisología a cargo de la burocracia estatal.

Centro-izquierda, a resistir la ola conservadora

De modo que Dominga –junto con la urgente y entrabada reforma al sistema de pensiones de capitalización individual para que cohabite con uno de seguridad social, a lo cual la derecha se niega enconadamente–, es un espacio donde la centro-izquierda trata de resistir la ola conservadora que dejó el fracaso de dos procesos constituyentes en 2022 y 2023.

El gobierno, que es minoritario en el Parlamento, está incluso bajo fuego amigo, porque no pocos entre sus filas consideran que ha ido abandonando su agenda sin dar mayor batalla.

Se están cediendo todos los puntos por parte del gobierno y eso lo veo con mucha preocupación porque es renunciar finalmente a hacer cambios estructurales, cuestionó la diputada oficialista Camila Musante, agregando que “es indudable el lobby que ha existido durante la tramitación de este proyecto (…), es evidente lo graves que pueden ser las presiones del poder económico y estar por sobre la justicia; el gobierno no puede renunciar a su consigna de ser ecologista”.

Desde que el 9 de diciembre el Tribunal Ambiental de Antofagasta anuló impedir Dominga y ordenó al Comité de Ministros sesionar y votar con integrantes imparciales a más tardar el 31 de diciembre, el gobierno intenta revalidar lo actuado y dilatar ese plazo.

La sociedad civil también reaccionó a favor y en contra. Entre los primeros, una parte de la comunidad de La Higuera que ve en la mina oportunidades de empleo e ingresos para el municipio.

En contra, están organizaciones que denuncian la vecindad de la Reserva Nacional Pingüino de Hümboldt, también pescadores, mariscadores y empresarios de turismo de la zona.

Compromiso de campaña

El rechazo a Dominga no sólo debe ocurrir porque usted asumió ese compromiso en campaña, sino porque sus impactos sobrepasarían de manera perjudicial los supuestos beneficios que promete a la comuna y la región, dijeron en una carta dirigida a Boric.

El proyecto pertenece al consorcio local Iron Andes, cuyos controladores son dos empresarios que en 2019 fueron sentenciados a cumplir 100 horas de clases de ética por financiar ilegalmente actividades políticas.

Sebastián Piñera vendió su participación en 152 millones de dólares, una operación que se concretó en el paraíso tributario de Islas Vírgenes Británicas y que derivó en ser investigado como imputado por delitos de cohecho, soborno y tributarios.

Dominga es un proyecto ligado a la corrupción, al aniquilamiento de la biodiversidad y a la destrucción de las comunidades; esperamos que el Comité de Ministros se reúna y lo rechace, y que la Corte Suprema actúe sin presiones, resumió el diputado socialista Daniel Manouchehri.

De concretarse, produciría anualmente 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre destinadas al mercado chino.