De las 16 reformas constitucionales que aprobó el Senado en el pasado periodo ordinario de sesiones, la relacionada con los salarios sigue atorada en los congresos estatales, pese a que se avaló desde el 9 de octubre pasado.

A diferencia de otras modificaciones a la Carta Magna que fueron aprobadas en fastrack en los estados, esta sólo ha recibido el voto de 16 congresos locales. Le falta uno para poder ser declarada constitucional. El tema que la ha atorado es que implica erogaciones económicas adicionales por parte del Estado.

Este cambio constitucional forma parte del paquete de 18 reformas que presentó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado. Fue aprobado en la Cámara de Diputados el 24 de septiembre y ese mismo día, la minuta fue remitida al Senado, en donde fue avalada por el pleno el 9 de octubre.

La reforma fue remitida a los congresos estatales y al de la Ciudad de México para su análisis y votación. Hasta ayer, según el portal de la Cámara alta, había sido aprobada en Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Durango, el estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

La modificación establece que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia.

Señala que los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la fuerza armada permanente, así como médicos y enfermeros, percibirán un sueldo mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS.

En los artículos transitorios de la reforma se explica que el sueldo al que se hace referencia es de 16 mil 777 pesos, que equivale al salario mensual registrado en 2023 en el IMSS actualizado por la inflación estimada para 2024.

Este monto se actualizará el primero de enero de cada año, de acuerdo con la inflación estimada.