En medio de divisiones internas, el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha definido el destino de los 20 mil millones disponibles para 2025 y, aunque han transcurrido varias sesiones de este análisis, las mesas de consejeros para este fin se restablecerán la semana entrante.

La propuesta inicial es destinar a la elección judicial 6 mil 132 millones de pesos, menos de la mitad de los 13 mil 205 millones solicitados a la Cámara de Diputados, aunque un bloque de consejeros –según fuentes consultadas– sugiere dejar sin reducción alguna los recursos programados para la operación del INE (15 mil millones) y, por tanto, aplicar menos de 5 mil millones para elegir ministros, magistrados y jueces.

Mientras el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, dijo que el INE sí tiene margen de maniobra para reducir sus gastos, consejeros afirmaron que las actividades del órgano son prioritarias porque son de servicio a la ciudadanía, como la expedición de la credencial para votar –que es la identificación más admitida–, actualizar el padrón, atender la violencia política y fiscalizar a partidos y candidatos, por mencionar algunas.

Sin embargo, los consejeros evitan mencionar el costo de la nómina (más de 60 por ciento del gasto disponible), los salarios de sus 20 mil trabajadores, así como la gama de prestaciones y estímulos, o el famoso bono electoral, que es defendido bajo el argumento de que durante proceso electoral todos los días y horas son hábiles. Tampoco suelen referirse a las compras de bienes y servicios o del costo por la operación de múltiples edificios de oficinas.

En ese contexto, el Organo Interno de Control (OIC) del INE ratificó en su más reciente informe, de acompañamiento presupuestal 2025, que el INE debe hacer una reingeniería de su estructura, de recursos humanos y materiales, y mejorar las prácticas en el desarrollo del sistemas.

En el documento se establece que desde los informes de 2019, el OIC ha señalado hallazgos: falta de evidencia documental que acredite la necesidad de los recursos solicitados por distintas áreas; esto se ejemplifica, añade, con que en varias ocasiones faltaron cotizaciones, precios de lista, estudios de mercado, etcétera.

Además, falta de justificación que sustente las peticiones para proyectos; no se presentaron memorias de cálculo, plantillas y análisis de la vacancia, partidas de gasto, entre otros rubros que justificaran la metodología para determinar los recursos solicitados para servicios personales (nómina).

Añade el OIC diferencias de los montos capturados en los formatos respecto de los importes señalados en las bases de datos del sistema.

Llamado a inscribirse

En una carrera contra el tiempo, el INE llamó a inscribirse para trabajar como supervisores y capacitadores electorales (Caes) en la preparación de la elección judicial.

Aunque el órgano todavía no emite la convocatoria y acusa varios retrasos (en diciembre de 2023 ya había publicado la invitación para los comicios federales de junio), consejeros aseguran que pese al recorte presupuestal, mantendrán la oferta de subir el sueldo a los Caes.

Para el proceso federal 2024, el INE contrató 7 mil 123 supervisores y 42 mil 657 capacitadores, con sueldos mensuales de entre 9 mil 500 y 15 mil 785 pesos.

Aunque aún no se han dado a conocer oficialmente los sueldos para los Caes que participen en la elección judicial, estábamos pensando tener un aumento para que los salarios fluctuaran entre 15 mil 785 y 19 mil 500 pesos mensuales, señaló la consejera Dania Ravel.

Recordó que para la organización de los comicios pasados, de renovación de la Presidencia de la República y del Congreso de la Unión, fue difícil cubrir las necesidades en la materia, precisamente porque se ofrecieron sueldos no competitivos.

Por ahora, los consejeros calculan que al menos la mitad de los que participaron en la elección anterior repetirán esta función, aunque reconocen que los Caes tendrán sobrecarga de trabajo si se confirma la reducción de 172 mil casillas en todo el país por centros de votación.