l panel de resolución de controversias del T-MEC falló en contra de México, la biodiversidad y la vida en la disputa interpuesta por Estados Unidos para abrogar el decreto que prohíbe la importación de maíz transgénico para consumo humano, emitido por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador el 13 de febrero de 2023. De acuerdo con el panel, las disposiciones mexicanas no pueden aplicarse al no estar basadas en una evaluación de riesgo adecuada, evidencia científica y en normas internacionales relevantes, por lo que dio al país 45 días a fin de que alinee sus políticas con el fallo.

Washington saludó la sentencia en voz de su representante comercial, Katherine Tai, para quien la decisión del panel reafirma las preocupaciones de larga data de Estados Unidos sobre las políticas biotecnológicas de México y su impacto perjudicial en las exportaciones agrícolas estadunidenses, así como del secretario de Agricultura, Tom Vilsack, quien dijo que las medidas de México contradicen décadas de evidencia que demuestran la seguridad de la biotecnología agrícola, respaldada por sistemas de revisión regulatoria basados en la ciencia y el riesgo.

Tales declaraciones resultan sorprendentes porque sólo pueden provenir de la ignorancia o del engaño deliberado. Es necesario considerar que las semillas transgénicas no son tecnologías aisladas, sino insertas en sistemas técnicos, económicos y sociopolíticos que abarcan desde fertilizantes y herbicidas hasta modelos de plantación y tenencia de la tierra. Por ejemplo, todos los transgénicos se siembran en campos de monocultivo de extensiones gigantescas debido a que ésa es la única manera de rentabilizar semillas de patente; lo cual tiene consecuencias devastadoras para el medio ambiente: como su nombre lo indica, los monocultivos implican la destrucción completa de la biodiversidad en un área para instalar una sola especie vegetal. Además, este hacinamiento de plantas de un mismo tipo constituye el escenario perfecto para la propagación de plagas, por lo que los transgénicos son inseparables de pesticidas y herbicidas que acaban con flora y fauna, representan un riesgo para la salud humana y, al filtrarse a los mantos freáticos o ser vertidos en cuerpos de agua superficial, pueden devastar ecosistemas enteros.

El herbicida más vendido del mundo, el glifosato comercializado por Bayer bajo la marca Roundup, es tan dañino que 165 mil personas han presentado querellas para que la multinacional las indemnice por haber enfermado de cáncer. Por la misma causa, está vetado o se ha restringido en 18 países; así como en varias ciudades de España, Argentina y Nueva Zelanda, en 80 por ciento de las regiones de Canadá e incluso en tres urbes estadunidenses. Sólo en tres juicios del año pasado se le conminó a pagar casi 2 mil millones de dólares a varios afectados, por lo que Tai, Vilsack y todos los integrantes del gobierno estadunidense tienen que saber que mienten a los expertos del T-MEC y a sus propios ciudadanos acerca de la seguridad de los cultivos transgénicos.

Hay también una falacia en la noción de que la controversia para mantener un negocio de 5 mil millones de dólares anuales se hace en defensa de los agricultores estadunidenses: debido a los costos prohibitivos de la agroindustria y al monopolio establecido por un puñado de trasnacionales, 89 por ciento de las granjas en Estados Unidos no producen suficiente dinero para ser autosostenibles, mientras 3 por ciento del total de granjas concentra 47 por ciento de los ingresos del sector. Los mismos granjeros denuncian que se encuentran a merced de las grandes compañías: cuatro empresas controlan 85 por ciento del mercado de semillas de maíz; cuatro controlan 84 por ciento del mercado global de herbicidas y pesticidas; las mismas cuatro controlan 84 por ciento de la molienda de maíz.

En suma, el gobierno de Joe Biden dio una batalla jurídica contra la soberanía alimentaria, la salud, la biodiversidad y el derecho a una alimentación adecuada de los mexicanos para favorecer no a sus ciudadanos, sino a cuatro grandes corporaciones globales y un puñado de granjeros ricos. Aunque las autoridades mexicanas ya expresaron que cumplirán su obligación de acatar las resoluciones del panel del T-MEC, sin duda, la lucha por el maíz y por la vida continuará en manos de los campesinos, indígenas y otros grupos que históricamente han resistido los embates de los grandes capitales contra el patrimonio cultural y biológico construido a lo largo de miles de años por los pueblos originarios.