Madrid. El impuesto especial a las empresas energéticas, una de las medidas más destacadas del gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, no será prorrogado y, por tanto, será eliminado de la legislación fiscal. El objetivo del Ejecutivo era aprobar su continuidad en el pleno del Congreso de los Diputados, pero se encontró con un muro parlamentario formado por la derecha, tanto la española como la nacionalista vasca y catalana, que se aliaron para asestar una de las derrotas más agrias al presidente Sánchez, quien sin embargo sí logró sacar adelante su reforma fiscal en la que se incluye un impuesto especial a la banca y a las multinacionales con beneficios millonarios.

Los derechistas españoles del Partido Popular (PP) y Vox se aliaron con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts per Catalunya (JxCat) para cerrar el paso a una de las medidas que más se ha enorgullecido de abanderar el Ejecutivo ibérico, integrado por la coalición de izquierdas entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar. El impuesto especial o complementario suponía un gravamen extraordinario a todas las empresas del sector energético en función de sus beneficios, los cuales en su mayoría son superiores a 3 mil millones de euros anuales.

Este impuesto se aprobó a raíz de la espiral de incremento de los precios en la energía eléctrica y los hidrocarburos a raíz de la guerra en Ucrania y de la crisis estructural desatada por la pandemia de covid-19, la que a su vez permitió que las empresas energéticas registraran beneficios históricos en su cuenta de resultados, con utilidades muy por encima de la tendencia de los últimos años.

Ese impuesto tenía que ser prorrogado en el Parlamento, pero el gobierno español era consciente de que había perdido el apoyo de los dos piezas esenciales para una mayoría parlamentaria, PNV y JxCat, que ya habían avisado que en ningún caso respaldarían la continuidad de un impuesto que se aprobó en circunstancias extraordinarias. Y así ocurrió: entre el PP, Vox y los nacionalistas de derecha vascos y catalanes sumaron 183 diputados, que rechazaron así la medida impulsada por el gobierno y respaldada por sus aliados de izquierda, que tan sólo sumaron 167 votos.

El gobierno español se plantea ahora la posibilidad de transformar el gravamen a un decreto ley, que en todo caso también deberá ser aprobado por el Congreso, aunque podría estar en vigor en el plazo que dura la tramitación y evitaría que se aplique la derogación que se aprobó por la derecha en la sesión parlamentaria, que anula el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas y se modifican determinadas normas tributarias.

Las principales energéticas del país, la mayoría multinacionales, son Iberdrola, Repsol, Naturgy, Endesa y Moeve (antes Cepsa), de las cuales las tres primeras, sobre todo, tienen una estrecha vinculación con los poderes autonómicos en el País Vasco y Cataluña, por tanto, con la derecha nacionalista que ha gobernado la región la mayor parte de las últimas cuatro décadas. De hecho, Iberdrola tiene su sede principal en la ciudad de Bilbao.

La decisión parlamentaria merma las cuentas públicas, que dejarán de recibir mil 500 millones de euros al año (31 mil 500 millones de pesos).

La buena noticia para el Ejecutivo fue que se superó el trámite final para el proyecto de ley fiscal que incluye el nuevo impuesto mínimo para las empresas multinacionales, en el que se incluyen al sector bancario, que tendrá que pagar una carga especial en función de sus beneficios. El Congreso votó las enmiendas que se presentaron en el Senado, con lo que finaliza así la tramitación parlamentaria y falta sólo su publicación en el Boletín Oficial del Estado.