Madrid. Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, declaró ayer por tercera ocasión en los juzgados ordinarios de Madrid y por primera vez decidió responder a las preguntas de su abogado para defender su inocencia de los cargos que hay en su contra por corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y tráfico de influencias.

Ante la presencia de Gómez en los tribunales se activó un dispositivo judicial que impidió el paso a los medios de comunicación y a una veintena de manifestantes de la organización ultraderechista HazteOír, que promueve la derogación de la ley del aborto y defiende los tratamientos médicos y sicológicos para curar la homosexualidad, enter otras causas.

En España, la legislación de la función pública no tiene regulada la figura de primera dama. De los siete mandatarios que ha habido desde la transición a la democracia, en 1978, nunca antes se había registrado una situación como la actual, en la que la esposa del presidente fuera acusada de la presunta utilización de bienes y funcionarios públicos para sus intereses particulares.

De hecho, prácticamente todas las esposas de los ex presidentes han tenido asistentes o personal a su cargo para ayudarles en sus responsabilidades, por ejemplo, con la elección de vestuario. El problema con el caso de Gómez es la presunta utilización de recursos públicos en cuestiones ajenas a su condición de esposa. De ahí que las querellas en su contra prosperaran en los tribunales, admitidas por el juez madrileño Juan Carlos Peinado, quien la citó a declarar en su despacho por tercera ocasión.

Esta vez, Gómez rompió el silencio y respondió únicamente a su abogado, Antonio Camacho, quien fue secretario de Estado de Seguridad durante el gobierno del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. En su testimonio, explicó que cobraba 15 mil euros (315 mil pesos) al año por su trabajo en la Universidad Complutense y que esto demostraba que no pretendía lucrar. Explicó que la gestión del curso que dirigía en la universidad madrileña, tanto en lo relacionado con el pago de las cuotas por parte de los alumnos como del sistema informático creado ad hoc para el curso por una empresa paraestatal, Indra, lo realizó siguiendo las instrucción de la propia cúpula universitaria.

Tras su declaración, el juez Peinado ordenó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investigar si Gómez tiene más cuentas bancarias, además de las 11 que tiene a su nombre y en las que se respetó la confidencialidad del dinero que tenía cada una.