Frente al recorte presupuestal, el Instituto Nacional Electoral (INE) fijó prioridades de operación y para el cumplimiento de compromisos constitucionales. Sin embargo, hasta anoche no había acuerdo sobre la manera de evitar despidos de personal y tampoco de interponer una demanda penal contra el juez de Colima que multó a los consejeros por supuestamente no respetar los amparos de la reforma judicial

En primer lugar, determinó blindar, sin merma de recursos, la producción de credenciales para votar, principal identificación oficial del país en cuanto a la base de datos más grande, con biométricos, con cobertura hacia toda la población adulta.

Ligado al punto anterior, señalaron fuentes del órgano, determinó garantizar la operación plena de poco más de 800 módulos de atención ciudadana, donde precisamente se tramita la expedición y reposición de estas credenciales, entre otros servicios.

Entre los compromisos legales y constitucionales destaca la preparación de la elección judicial, a realizarse el domingo 2 de junio próximo, pero también la coordinación de las elecciones locales en Veracruz y Durango.

Otra tarea básica para el INE en 2025 es llevar a cabo el proceso para la constitución de partidos, cuyos interesados deben cumplir con requisitos como realizar asambleas (20 estatales o 200 distritales) a las que debe asistir un enviado del instituto.

El INE debe revisar además cada afiliación (al menos 256 mil 30) hechas a través de una aplicación digital y sólo en 204 municipios, con muy alto grado de marginación, se aceptará afiliación en papel.

En cuanto al primer punto, relacionado con la tarea del INE de emitir las credenciales para votar con fotografía, representan el gasto más alto de los 5 mil millones de pesos solicitados para la operación del Registro Federal de Electores.

Sin embargo, pese a un recorte de 13 mil millones de pesos, de una bolsa general solicitada de 40 mil millones, los consejeros y funcionarios aseguran que no afectarán las previsiones para la producción de credenciales, porque es la base para la actualización del padrón y la emisión de la lista nominal.

Así, en los primeros días de enero, cuando falten menos de 150 días para la elección judicial, deben alistar los modelos de boleta, uno de los principales retos del INE si se toma en cuenta el número de candidatos que determinen los comités de evaluación de los tres poderes de la Unión, así como los 881 cargos en disputa de ministros, magistrados y jueces. Por ahora circulan distintas propuestas, sobre todo para determinar qué hará el ciudadano frente decenas de nombres de candidatos, si tachar, seleccionar o escribir en un apartado los nombres de su elección.