os organizadores de la 18 Caravana de Migrantes del Orden y la Legalidad estiman que 14 mil de sus integrantes cruzarán hoy el puente Juárez-Lincoln, que divide las ciudades fronterizas de Laredo y Nuevo Laredo para salir mañana hacia distintos destinos en 13 entidades de la República, a fin de pasar las festividades con sus familias. El cruce colectivo es coordinado desde 2010 por la organización Migrantes Unidos en Caravana con el propósito de coordinar los trámites con las autoridades de todos los niveles, garantizar la seguridad de los mexicanos que radican en Estados Unidos y evitar extorsiones por parte de las autoridades o agresiones del crimen organizado durante el trayecto. Aquel año, el secuestro de dos camiones de migrantes en la Sierra Gorda de Querétaro, la masacre de San Fernando, Tamaulipas, y el deterioro generalizado de la seguridad pública persuadieron a los paisanos de que era necesario viajar acompañados si querían sortear los peligros presentes en sus recorridos.
Son encomiables la capacidad logística y el ánimo solidario de los migrantes, así como el apoyo que les brindan varias corporaciones policiales en el retorno anual a sus lugares de origen. Sin embargo, resulta vergonzoso que los trabajadores mexicanos en Estados Unidos se vean orillados a tomar este tipo de medidas para encarar las amenazas a su integridad física y patrimonial, medidas que les suponen costos y esfuerzos adicionales en los que no tendrían por qué incurrir cuando acuden a reunirse con sus seres queridos después de un año de arduas labores.
La persistencia de iniciativas como la Caravana de Migrantes del Orden y la Legalidad revela los tremendos pendientes en materia tanto de seguridad como de atención a los mexicanos que trabajan en el extranjero. Cabe recordar que en 2023 el monto de las remesas enviadas por los paisanos ascendió a 63 mil 313 millones de dólares, casi el doble de la inversión extranjera directa (36 mil 58 millones), pese a que la captación por este concepto marcó un récord histórico. Los primeros ocho meses de este año las remesas alcanzaron un nuevo máximo de 43 mil 27 millones de dólares, los cuales suponen un ingreso fundamental para millones de familias e inyectan dinamismo a la economía de localidades de todas las dimensiones, en particular en zonas rurales o semirrurales donde escasean las fuentes de trabajo.
Lo menos que se puede hacer por estos connacionales es garantizarles entrada, tránsito y estadía seguros cuando visitan el país al que aportan una parte tan sustancial de sus divisas y de su actividad económica. Hacerlo constituye un deber permanente del Estado mexicano, que cobra mayor relevancia en momentos en que los migrantes vuelven a enfrentar las bravuconadas de Donald Trump y la hostilidad creciente de políticos y ciudadanos estadunidenses entregados a la intolerancia y al odio racial. Es inadmisible que se reci-ba a los inversionistas con alfombra roja al mismo tiempo que se dejan pasar amenazas, malos tratos, abusos e inseguridad en contra de quienes, con sus remesas, invierten mucho más en México y sin esperar una ganancia a cambio. Si las razones éticas y humanitarias correctas no mueven a proteger a los migrantes que vuelven a casa, el pragmatismo debiera ser suficiente para reconocer la necesidad de velar por su seguridad y su bienestar.
