l 5 de febrero, antes de cumplir su ofrecimiento de retirarse de la política, el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentó un paquete de reformas constitucionales y legislativas, todas importantes, de fondo, todas también encaminadas a dar sustento institucional a la transformación encabezada por él e impulsada por un pueblo despierto, informado e interesado en la política. Es muy importante recalcar que los tiempos en que la política estaba reservada para unos cuantos, los integrantes del partido oficial y sus opositores que a veces parecía que luchaban inútilmente por el cambio, ha quedado atrás.
Se suprimieron los órganos autónomos que servían para minar el poder del Ejecutivo, se estableció una política de austeridad en materia económica, se limitaron gastos para los partidos políticos, se aumentó el salario mínimo, se aseguró el de maestros y policías entre otros cambios importantes. Pero entre todos ellos el que más resistencias despertó y provocó una polémica de fondo que aún no concluye, es el de la democratización del Poder Judicial. Los otros dos poderes, Legislativo y Ejecutivo han sido elegidos por el voto popular, pero jueces, magistrados y ministros de la Corte eran designados mediante mecanismos distintos, pero en todos participaban integrantes de los otros poderes y personajes influyentes en la vida partidista.
El que a partir del próximo año se vayan a elegir varios cientos de juzgadores sin duda significará un paso adelante en el camino de la democracia, pero también sin duda, además de la resistencia y la polémica que provocó es evidente que una elección tan numerosa y con una lista aún no determinada de candidatos, no será fácil.
A la dificultad del proceso propuesto, al rompimiento de una tradición muy arraigada, se agregó el ataque político al dirigente que se atrevió a iniciar el proceso y al movimiento que lo sostiene; durante mucho tiempo, todo el sexenio anterior los ataques políticos fueron constantes y de calibres diferentes. Cuando parecía que se habían superado todos y que la oposición derrotada en las urnas ya no tenían nuevos argumentos para su crítica, se presentó el proyecto del Poder Judicial y la oposición no desperdició la oportunidad. Los ataques se reanudaron y a los partidos, grupos intermedios y críticos de Morena, se sumó un sector importante del Poder Judicial. Éste, impulsado y encabezado por quien preside la Corte desde principios de 2023.
Dos han sido los motivos de la crítica. Uno se relaciona con las consecuencias que la reforma está causando en la vida personal y los planes de quienes habían escogido como suya la carrera judicial, la cual hasta entonces se basaba en méritos, constancia, capacitación y los concursos para obtener ascensos; todo eso se modificó y quienes fueron afectados se sumaron a críticas y manifestaciones habiendo llegado a un paro del servicio de justicia.
A pesar de todo, la reforma propuesta siguió su camino, se cumplió con los procedimientos legislativos y la reforma culminó con su publicación en el Diario Oficial; a pesar de ello y siendo muchos los juzgadores que han aceptado la nueva realidad constitucional, otros han continuado con críticas de todo tipo y protestas más que técnicas de carácter político.
El segundo de los argumentos que se ha usado con mayor frecuencia es el que afirma que la reforma pone en riesgo la independencia de jueces, magistrados y ministros, ya que se dice, que pudiendo tener compromisos con sus votantes, pueden por razones políticas inclinar la balanza de la justicia hacia el lado equivocado.
Ambos argumentos, el de la inseguridad de los juzgadores actuales y el del riesgo de su independencia, no son aceptables, el primero porque la misma reforma en su artículo décimo transitorio, explica que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial; en días pasados, el 11 de este mes, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal hizo circular un comunicado respecto del Presupuesto de Egresos del próximo año. En él se aclara que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la titular del Ejecutivo federal expresó su compromiso de realizar las gestiones conducentes para que el Poder Judicial federal cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo transitorio antes citado, el comunicado surtió efectos y disminuyó la incertidumbre respecto de los recursos económicos requeridos.
El argumento que se refiere a que está en riesgo la independencia de los jueces, ya ha sido rebatido. Sean designados o elegidos, los juzgadores pueden perder independencia, pero eso, sucederá solamente si cada uno en su conciencia, al dictar acuerdos y resoluciones en los procedimientos a su cargo, decide someterse a razones distintas a las que la ley y los principios del derecho establecen. Es independiente el que quiere serlo, el que resiste a presiones o compromisos.
