as promesas bravuconas de Donald Trump, de perseguir a sus oponentes políticos y al enemigo interno en Estados Unidos, se suman y envalentonan a las de otros líderes autoritarios del mundo. En particular, preocupa el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien, como dice el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (Cispes), ha hecho de la persecución de sus adversarios políticos, de la oposición de base y de la prensa independiente una seña de identidad de su régimen. Señala que la policía allana domicilios de periodistas y artistas, llevándose computadoras e información, demostrando que la violación generalizada por Bukele de las garantías procesales y los derechos humanos no se limita a la guerra contra las bandas delictivas, sino para acallar a sus críticos (https://tinyurl.com/yey2xaxk).

En un artículo aquí (21/10/24) celebraba cómo miles de personas en El Salvador y el mundo, que los cinco defensores del agua de la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES) fueron finalmente liberados tras 21 meses de detención arbitraria, y sin que haya habido delito que perseguir. Un tribunal de Sunsatepeque dictaminó unánimemente que los cinco son inocentes de los dos cargos falsos –asesinato y asociación ilícita– que les imputaban.

¡Pero cuánta injusticia! El fiscal general de la República Rodolfo Delgado apeló esta decisión y el 26 de noviembre magistrados de la cámara de lo penal de Cojutepeque revocaron el veredicto y ordenaron un nuevo juicio contra los cinco defensores del agua –que permanecen en arresto domiciliario– que se llevaría a cabo en febrero de 2025. Esta decisión es otra prueba del deterioro de la independencia del sistema judicial salvadoreño y de su politización para castigar y debilitar la lucha en defensa de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica de 2017 (https://tinyurl.com/5n9xrttu).

En efecto, la detención en 2023 (https://tinyurl.com/45ybxk6a) de los cinco defensores del agua se dio cuando, junto con muchas otros activistas, expresaron su preocupación de que el gobierno de Bukele estuviera considerando restablecer la minería de metales en El Salvador, advirtiendo sobre la decisión del gobierno, en mayo de 2021, de unirse al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, y de reformas legales para facilitarla.

De modo alarmante, a la vez que decenas de organizaciones sociales celebraron una conferencia de prensa para denunciar la orden de un nuevo juicio contra los defensores del agua, Bukele publicó en X (https://tinyurl.com/38dca85p), en referencia al oro, que Dios colocó un gigantesco tesoro puesto bajo nuestros pies, calificó de absurda la prohibición de la minería y afirmó, contra toda evidencia, que el oro puede extraerse de forma sostenible. En rueda de prensa afirmó que El Salvador tiene recursos minerales con un valor de 3 billones de dólares (sic) que deberían explotarse para desarrollar el país (https://tinyurl.com/5n8pf8yp).

Los Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador somos un grupo de organizaciones de Australia, Canadá, Europa y EU y otros países que apoyamos la demanda del pueblo salvadoreño por su soberanía, el derecho al agua y comunidades saludables. Coordinamos nuestro trabajo con la Mesa Nacional contra la Minería Metálica en El Salvador y con las comunidades afectadas por los proyectos mineros (https://www.stopesmining.org/). Estamos en solidaridad con el pueblo salvadoreño, alertando que anular la Ley de Prohibición de la Minería Metálica de 2017 sería una sentencia de muerte para el pequeño y densamente poblado país cuyas escasas fuentes de agua ya están en su mayoría contaminadas. En México se puede seguir al Comité de Solidaridad con El Salvador (https://acortar.link/Hb4zqb).

La histórica prohibición de la minería, aprobada por una votación unánime de 70-0 por la Asamblea Legislativa de El Salvador, fue el resultado de una campaña de una década para resaltar el valor del agua y de la vida por encima del afán de lucro de las mineras trasnacionales. La campaña contó con el apoyo de una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, sectores empresariales, legisladores y ministros de todo el espectro político, así como dos arzobispos. A todos les convencieron las pruebas irrefutables de la destructividad de la minería del oro incluyendo los efectos nocivos del cianuro utilizado en su extracción. La lucha costó la vida de activistas defensores del agua que se enfrentaron a las empresas mineras en Cabañas: Marcelo Rivera, Ramiro Rivera, el estudiante Juan Francisco Durán y Dora Recinos Sorto, quien tenía ocho meses de embarazo cuando fue asesinada, y cuyo hijo de dos años fue testigo y resultó herido en el ataque.

La lucha en El Salvador es ejemplo para luchas vecinas, y a escala global. En el mensaje del encuentro celebrado la última semana de noviembre, en El Salvador, los obispos miembros del Secretariado Episcopal de América Central (Sedac) hacen un llamado urgente a los gobiernos para que adopten las políticas responsables y sostenibles que respeten la dignidad de los pueblos y la casa común y que no permitan la explotación minera, ya que es necesario priorizar la vida humana y el ambiente sobre los intereses económicos que perpetúan el daño social y ecológico, respetando los acuerdos de Escazú, Costa Rica, primer tratado regional de América Latina que promueve el derecho a acceder, oportuna y efectivamente a la información ambiental, participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente, y acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales, incluyendo disposiciones para la protección de personas, de defensores, del ambiente y derechos humanos (https://tinyurl.com/5n97jjke).

Desde El Salvador al mundo: ¡libertad para los defensores del agua de Santa Marta! ¡No a la minería, el agua vale más que el oro!

*Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)