poco más de cuatro meses del secuestro de Ismael Zambada, no hay duda de que consistió en una operación de Estados Unidos, con la complicidad de Los Chapitos, líderes del cártel de Sinaloa. Por las primeras declaraciones del embajador Ken Salazar y luego por lo que la prensa de aquí y la de Estados Unidos fueron añadiendo, supimos que al capo sinaloense lo trasladaron en una avioneta que partió de Culiacán a Texas, sin saber todavía si hubo cambio de aeronave durante el itinerario de vuelo, y de los personajes facilitadores de la maniobra.
Fue un plan concebido por las agencias de Estados Unidos DEA, FBI, CIA, y el aval del Departamento de Estado. Se trató de una artimaña para vengarse del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el freno que les puso a los policías de la DEA, y otras agencias estadunidenses que con el pretexto de combatir al narcotráfico, se tomaban atribuciones fuera de la ley mexicana para actuar conforme a sus propios intereses. Estas agencias desplegaron todo su potencial intervencionista durante los sexenios de Felipe Calderón (2006-20) y Enrique Peña, (2012-18).
Los resultados fueron desastrosos; en esos sexenios no sólo creció el trasiego de drogas, sino que los grupos de la delincuencia organizada se volvieron más eficaces y agresivos. Así, la trampa contra el gobierno de López Obrador también contó con variables o factores internos que le imprimieron eficacia: 1) la ausencia de un organismo ad hoc que anticipara los movimientos de los actores en materia de crimen organizado, internos y externos; que evaluara las probables respuestas de los cárteles enfrentados en Sinaloa, y de cómo conspiraban las agencias estadunidenses dentro del crimen organizado.
La Ley de Seguridad Nacional vigente contiene una descripción detallada de lo que puede considerarse amenazas a la integridad del Estado mexicano, al territorio y a la población. Incluso señala organismos regidos por la propia ley entre los que destaca el Consejo de Seguridad nacional, la Red Nacional de Investigación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y otras instituciones y autoridades que por sus atribuciones participen en la seguridad nacional. Sin espacio para extenderme, parece que estas instancias componen un complejo burocrático que estuvo ausente en el sexenio anterior; 2) la prisa del gobierno de la 4T para entregar obras terminadas antes de finalizar el sexenio; 3) la campaña electoral de 2024 que consumió buena parte del tiempo de funcionarios del primer nivel, y 4) lo más importante: ausencia de una clara política de seguridad nacional, y la capacidad de internalizarla en el colectivo mexicano, tarea que no sólo debe ser de la Presidenta.
En el lado estadunidense la artimaña de las agencias tuvo éxito porque Biden pensaba que podía ganar las elecciones y que una jugada como la del secuestro del capo mexicano, creía ilusoriamente, le daría puntos a su campaña. Ese fue el plan que las agencias de espionaje vendieron a un Biden desesperado porque su campaña no avanzaba. Más tarde, su renuncia, el 21 de julio, y su remplazo por Kamala Harris, confirmó la debilidad política del presidente estadunidense. Entre el secuestro de El Mayo Zambada, 25 de julio, y el 23 de agosto, fecha en que Harris se convirtió en candidata, median menos de cuatro semanas; eso hace pensar que previendo ese cambio, el plan se adelantó, y con la prisa los secuestradores dejaron huellas por todos lados. Es como si hubieran arreado a un buey hasta la barranca dejándolo ahí para que los mexicanos lo sacaran.
La política de seguridad del presidente López Obrador se impregnó mucho de su personalidad. Teniendo excelentes cuadros en quienes delegar operaciones, tomó casi exclusivamente en sus manos los asuntos de relaciones exteriores, y Ken Salazar por todo el sexenio tuvo acceso a Palacio Nacional. El próximo cuatrienio estadunidense deja las lisonjas traidoras para adoptar el enfrentamiento directo sin dobleces. Esto trae el beneficio de saber de antemano por dónde viene el golpe para esquivarlo o resistirlo. Por eso resulta infame que opinadores en los medios electrónicos hagan suyo el argumento de que el gobierno mexicano es culpable de lo que ocurre en Sinaloa, porque no quiso colaborar con las agencias estadunidenses en la guerra contra el narcotráfico, y que eso se sostenga en Tercer grado, programa de la principal televisora mexicana. En estos momentos es importante que nuestros representantes en el extranjero se hagan presentes en los medios y aprovechen cualquier espacio para defender la actual transformación, pero en México igual, funcionarios de todos los niveles deben insistir en que la industria de la información abra la puerta, tal como se las abre a la oposición, y permitan explicar con claridad las nuevas políticas que están instrumentándose. Eso servirá para que legisladores de Morena dejen de lanzarse porquerías y trasciendan como verdaderos líderes, quizá capaces de sacar al buey de la barranca.
*Profesor de El Colegio de Sonora
