na de las omisiones gubernamentales más costosas en términos económicos, sociales y ambientales es no considerar la cuenca de México como una unidad territorial. Ni regular su crecimiento urbano teniendo en cuenta la calidad de vida de sus habitantes y el ambiente. Esa omisión comenzó hace 75 años y su eje, es la Ciudad de México.

A partir del sexenio de Miguel Alemán impusieron su ley la especulación inmobiliaria, la ocupación regular e irregular de áreas agrícolas, comunales o boscosas por asentamientos humanos; el crecimiento anárquico de la mancha de asfalto. La corrupción. El resultado: hoy vivimos allí 30 millones de habitantes, la mitad pobres y con severos problemas en calidad de vida, ambiente y servicios públicos básicos. El más importante, el agua.

Fundamental para la vida en el planeta, en la cuenca de México las instancias oficiales la convirtieron en enemigo que debía desaparecer. Así, taparon con la mancha de asfalto 43 de los 45 ríos que existían y que proporcionaban agua limpia, humedad y regulaban el clima. Sobre ellos circulan decenas de miles de vehículos, causantes de la enorme contaminación atmosférica y auditiva que padecemos.

Además, para cubrir las necesidades humanas y las actividades económicas, se sobrexplota el acuífero a profundidades mayores, mientras no se le recarga lo suficiente con el agua de lluvia. Para colmo, se pierde un tercio de la que se inyecta a la red de abastecimiento. En suma, cero políticas de crecimiento urbano amigable con el ambiente y los recursos naturales.

Todo este daño ambiental se agravó los últimos sexenios por los efectos del calentamiento global. Hoy la cuenca de México sufre estrés hídrico varios meses del año y, a la par, lluvias torrenciales que inundan vías de comunicación y poblaciones por falta de obra pública adecuada; por permitir construir en áreas frágiles, como en Ecatepec, Tula y otros municipios del norte de la cuenca. O que fueron antes lacustres, como Chalco y zonas aledañas.

Cada sexenio, promesas de variar el depredador modelo vigente. No se cumplieron. El fruto está a la vista y es de crisis. La nueva administración federal promete hacer las cosas distinto, si nos atenemos al reciente Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad.

En él se incluye un plan integral para la Ciudad de México y los estados de Hidalgo, Puebla, México, Morelos, Querétaro y Tlaxcala. En paralelo, el gobierno de la Ciudad de México creó nuevas secretarías: Gestión Integral del Agua; Vivienda y la de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana. Ésta última a cargo del economista Alejandro Encinas, con amplia experiencia en la administración pública.

Pendiente, conocer cuáles serán las prioridades del plan integral: quiénes lo tendrán a su cargo; de qué manera se coordinarán las entidades federativas que lo incluyen. Y, algo muy urgente: las medidas que desde ahora se toman para cambiar el actual modelo depredador de recursos naturales y sus efectos negativos en la calidad de vida de la población. Todas deben basarse en los estudios de los especialistas más calificados y el sentir de los grupos sociales afectados. Éstos suelen ser los últimos en enterarse de las obras y medidas gubernamentales supuestamente acordadas para beneficiarlos.

Adelanto dos problemas de atención inmediata: la falta de agua en la temporada de calor y las inundaciones en la de lluvias. Sobre éste último, destacados especialistas de prestigiosas instituciones de investigación (el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, El Colegio de San Luis, la Universidad de Nueva York, el Instituto doctor José María Luis Mora y la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo) abordan sus orígenes y efectos en el actual número de La Jornada Ecológica (https://ecologica.jornada.com.mx/). Se trata de la doctora Ariana Mendoza Fragoso, Francisco Javier Peña, Alicia Ziccardi, Arsenio González, Dean Chahim y Óscar Adán Castillo. Además, el sentir de Edith Guzmán, María Teresa Pérez y Abraham González, damnificados de las inundaciones en Tula, Hidalgo, y en Cuautitlán, estado de México.

El sexenio pasado, falló al no evitarlas allí y en Chalco. En el actual, sería imperdonable que se repitieran.