La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el juez federal Enrique Beltrán Santes por cambiar la medida cautelar de prisión preventiva contra Víctor Manuel Garcés Rojo, ex director jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, a fin de que siga su proceso en libertad, y anunció que impugnará el fallo.

A cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero, la dependencia acusó ayer en un comunicado que la decisión del juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), incurre en delitos contra la administración de justicia.

Resaltó que dicho fallo es absolutamente ilegal, ya que al ex directivo estaba en prisión preventiva desde el 10 de octubre de 2023, bajo argumentos legales.

Esa determinación es absurda por completo. En efecto, el imputado está vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en términos del artículo 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión preventiva opera, entre otros, por el delito de delincuencia organizada, señaló.

Injustificable cambio de medida cautelar

La FGR confrontó lo que el juez expuso en la última audiencia y de lo que realmente se probó. Por ejemplo, el juzgador expuso que el imputado, al tener un año más de vida, sufre mayores afecciones de salud.

Sin embargo, no se acreditó la precariedad física con ningún dato de prueba (dictamen médico), contestó la dependencia. También refutó argumentos del juzgador, entre ellos que Garcés Rojo ha demostrado buena conducta en prisión, datos personales como su domicilio y que desconocía que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó de una cuenta ligada a Garcés con más de 138 millones de pesos.

Omisión considerable

El impartidor de justicia omitió la existencia de otro procedimiento en trámite en contra del justiciable relativo a las amenazas contra los testigos de la causa que se investiga, lo que se dijo: pone en riesgo el proceso; en tanto, lo jurídicamente procedente es que subsista la medida cautelar de prisión preventiva justificada.