Con miras a erradicar el nepotismo que ha imperado en la Suprema Corte, en juzgados y tribunales, la nueva Ley de Carrera Judicial establece medidas específicas para impedir a los titulares de esos órganos los nombramientos de familiares o personas con las que tengan relación de pareja, ya sea de manera directa o a través de las llamadas contrataciones cruzadas o triangulares.

En esa ley secundaria, aprobada ya en el Senado y que se discutirá la próxima semana en la Cámara de Diputados, se crea un capítulo especial contra el nepotismo, que de acuerdo al dictamen es uno de los vicios principales del Poder Judicial (PJ).

De entrada, se crea el Registro Único de Personas Servidoras Públicas de la Carrera Judicial, que contendrá la información de todo el personal, incluyendo ingreso, promociones, evaluaciones de desempeño, además de un padrón de relaciones familiares, que se deberá actualizar y que será público.

Todos los servidores públicos estarán obligados a manifestar cada seis meses, bajo protesta de decir verdad, sus relaciones familiares en el Poder Judicial de la Federación, por afinidad o consanguinidad hasta el cuarto grado, así como los potenciales conflictos de interés en el ejercicio de su encargo.

Quedan prohibidos los nombramientos cruzados, que son aquellos en que dos titulares de juzgados o de tribunales contraten entre sí familiares de cada uno de ellos, en sus respectivas áreas de influencia y triangulados, cuando la maniobra la realicen más de dos mandos.

Personal profesional

La expedición de la nueva Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación permite al sistema de tribunales integrantes del mismo la garantía de contar con capital humano profesionalizado, seleccionado a partir de procesos objetivos de ingreso, formación y promoción”, se destaca en la exposición de motivos del dictamen.

Apunta que habrá evaluaciones continuas orientadas al de­sempeño, permanencia y, en su caso, la separación del cargo del personal, teniendo como marco de actuación el mérito y la igualdad real de oportunidades.

Se propone que la plantilla de los órganos jurisdiccionales se integre observando un principio de paridad de género, con lo cual se busca incluir que al menos la mitad de las plazas sean ocupadas por mujeres.