n la mañanera del miércoles 27 de noviembre, Altagracia Gómez, la joven asesora empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum, dio a conocer la conformación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Regional y Relocalización de Empresas, cuyo objetivo, se dijo, será promover la estrategia nacional de relocalización de empresas (el fantasmal nearshoring) así como las acciones del sector privado para concretar inversiones, generar empleo y promover el desarrollo regional.

Esperemos que tal plan se nos presente pronto y dé lugar a un riguroso esfuerzo deliberativo sobre los objetivos nacionales a mediano y largo plazo, lo que no hemos tenido en esta un tanto equívoca Cuarta Transformación. Habrá que esperar también una mayor y más detallada información de las tareas de este nuevo consejo asesor, pero no debíamos olvidar la experiencia del gobierno del ex presidente López Obrador quien, en noviembre de 2018, anunció que dueños de medios de comunicación y empresarios habían conformado un consejo asesor “(…) porque quieren apoyar y ser consejeros del próximo presidente de la República y les tomé la palabra” ( La Jornada Maya, 16/11/18). Poco supimos de tal consejo a partir de entonces, más allá de las periódicas invitaciones presidenciales a tomar los sagrados alimentos a palacio, en no pocas ocasiones previa cooperación voluntaria o compra de boletos para alguna rifa solicitadas por el propio presidente.

Ignoro si el rififí fiscal y jurídico protagonizado en estas semanas por el empresario Ricardo Salinas es prueba eficiente de que el tal consejo se estrelló con todo y unos tamales de chipilín, pero es claro que los modales del capitalista y los no modales de los funcionarios responsables nos hablan de una fehaciente falta de educación en estas materias, tanto con Salinas como con el ex presidente que no dejaba de presentarlo como su amigo y posible colaborador. Pero, más allá de la anécdota y retomando el punto, habrá que estar atentos al papel, el alcance y las acciones que tendrá el nuevo consejo asesor, porque si algo nos urge es dejar atrás nuestro mal desempeño económico: precariedad laboral; inversión bruta insuficiente; incapacidad del sistema productivo para crear los empleos suficientes y bien remunerados que la población de jóvenes y adultos jóvenes demanda; una desigualdad económica que determina la social, regional y cultural y a la que se une una penuria material de miles de mexicanos que carecen de los ingresos necesarios para cubrir los satisfactores elementales.

Si se va a hablar en serio de crecimiento y desarrollo, hay que asumir estas imágenes que recogen nuestras realidades más hirientes. Antes que imaginar consensos en las muchas materias que resumen el nombre y el apellido del consejo, es indispensable que sus miembros se hagan cargo de la tarea central del Estado que Altagracia Gómez quiere poner al día: articular voluntades, intereses y visiones de los distintos sectores y regiones para arriesgarse a proponer objetivos que puedan traducirse en políticas económicas y sociales, pero sobre todo en una planeación y una programación que incluyan el gran propósito abandonado de una reforma hacendaria.

Recuperar el papel del Estado, una vez recuperada la sensatez histórica perdida en la globalización liberista, tanto en lo que tiene que ver con la renovación y reorientación económica y productiva como con su necesaria reforma social, serían las avenidas de una misión como la sugerida al anunciar la conformación del referido consejo. De ahí podría aspirarse a la (re)construcción de un clima social cooperativo que articule duraderos pactos para el desarrollo y, desde luego, entender que la pobreza fiscal del Estado no lo exenta de atender cabal y dignamente los derechos sociales consagrados en la Constitución y ofrecer un régimen de protección social universal.

Requerimos consensos, no consejas y el consejo abre la oportunidad de caminar en esa dirección. Hay que apostar ya por un Estado social, democrático de derecho y de derechos, con la capacidad de convocar(nos) a un gran contrato social, como primer escalón que nos permita alcanzar pronto una gran reforma fiscal tributaria y redistributiva que estimule la inversión, el empleo, la igualdad y el crecimiento sostenible.

Restablecer los canales de diálogo, construir un foro creíble para la presentación y confrontación de visiones económicas, políticas y sociales de los diversos colectivos y comunidades económicas, políticas, académicas y sociales que conforman la República. Una clara y comprometida renovación de prácticas de participación y planeación.

No se trata de grandes ilusiones ni invenciones, sino de recuperar experiencias y memoria: redefinir la economía mixta, fortalecer el sector público y crear nuevos vínculos entre el Estado y las fuerzas económicas, políticas y sociales. Redefinir objetivos y con ellos prioridades y acciones; regresarle a la política el mando.