El grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino denunció la existencia de un pacto judicial inmobiliario, luego de analizar la decisión del octavo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, el cual concedió un amparo al ex delegado panista de Benito Juárez, Christian Damián von Roehrich de la Isla, implicado en el llamado cártel inmobiliario, a fin de que el juez de control reponga parte del procedimiento iniciado en su contra.

La coordinadora de la bancada y presidenta de la Junta de Coordinación Política, Xóchitl Bravo Espinosa, afirmó que este tipo de decisiones no sólo socavan la confianza en el sistema judicial, sino que perpetúan la sensación de impunidad, especialmente cuando beneficia a personas con poder o con recursos, y aquí entran los delincuentes de cuello blanco.

En conferencia de prensa con varios legisladores más que portaban carteles con la frase No al pacto judicial inmobiliario, sostuvo que la resolución del colegiado a favor de también ex diputado local del PAN reafirma la convicción de Morena de decir sí a la reforma del Poder Judicial, y hay cada vez más elementos para llevarla a cabo en la ciudad, como lo ha pedido la gente al dar su respaldo al llamado plan C.

El diputado Paulo Emilio García González agregó que no se dice a la ligera que haya dicho pacto judicial, e instó a conocer las resoluciones del colegiado –del que forma parte el magistrado Jorge Isaac Lagunes Leano–, que dijo, es el mismo que amparó en 2022 a Genaro García Luna, hoy condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

Además, refirió los casos del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alejandro Vera, implicado en la llamada estafa maestra; el del feminicida Carlos Enrique N y el de otro vinculado al cártel inmobiliario de Benito Juárez: el ex director de Obras y Desarrollo Urbano, Nicias Aridjis Vázquez, a quien concedió también la protección de la justicia federal contra el auto de vinculación a proceso que se le dictó en febrero de 2023.

Para ambos –Von Roehrich y Aridjis– se confirmaron sentencias de la jueza segunda de distrito de amparo en materia penal, Paloma Xiomara González González, aunque en el caso de este último se mantiene la formulación de la acusación por parte de la autoridad ministerial por el delito de asociación delictuosa.

En un estado de derecho, los jueces deben actuar con imparcialidad, pero también con un compromiso hacia la justicia considerando no sólo los aspectos formales legales, sino el impacto social y moral de sus decisiones, señaló Bravo Espinosa.