Viernes 6 de diciembre de 2024, p. 4
Frente a los amagos del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incrementar las detenciones y deportaciones de indocumentados, y reducir las vías de migración regular, medidas que podrían tener efectos en México, una centena de organizaciones demandaron al gobierno nacional garantizar la dignidad y los derechos humanos de estas poblaciones.
En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum; al canciller Juan Ramón de la Fuente y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, instaron a fortalecer y expandir la protección consular a la población de ascendencia mexicana en Estados Unidos, especialmente en programas de representación jurídica.
Pidieron que la diplomacia nacional exija a la administración estadunidense crear rutas humanitarias para los beneficiarios de programas como el de Acción Diferida para Personas Llegadas en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), los cuales podrían desa- parecer con la llegada de Trump.
Alianza Americas, Bloque Latinoamericano sobre Migración, casas del migrante en Juárez y Tijuana, CHIRLA México e Instituto para las Mujeres en la Migración, entre otras, también apremiaron a diseñar aplicar una política binacional de retorno seguro y digno, ya que aproximadamente 5.1 millones de personas de ascendencia mexicana viven en situación irregular en Estados Unidos y están en riesgo de deportación
.
Igualmente, garantizar el cumplimiento de las leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de Migración y sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, especialmente en lo relacionado con el derecho a la unidad familiar de menores.
Expusieron que la política de tolerancia cero
de Trump podría eliminar protecciones y generar separaciones de padres e hijos. Recordaron que en la pasada administración de Trump, más de 5 mil niñas, niños y adolescentes fueron separados y más de mil 400 aún no se han reunificado
.
Las organizaciones también instan al gobierno mexicano a rechazar cualquier acuerdo bilateral que viole el derecho internacional de refugiados y sus garantías fundamentales.