La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó ayer en definitiva la controversia constitucional que promovió la Cámara de Diputados contra el decreto del 18 de mayo de 2023 que declaró de seguridad nacional y de interés público las obras del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos de Palenque, Chiapas, y de Chetumal y Tulum, en Quintana Roo.

La controversia fue presentada el 1º de junio de 2023 por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, argumentando que, entre otros aspectos, el decreto vulnera la transparencia y máxima publicidad. Sin embargo, la ministra a quien fue turnada, Loretta Ortiz Ahlf, desechó el recurso el 9 de enero de este año por falta de interés legítimo de la parte actora, pero el mismo órgano legislativo se inconformó e interpuso un recurso de reclamación.

Ayer, por unanimidad y bajo el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, se desechó de manera definitiva la controversia promovida desde San Lázaro, con el INAI como tercer interesado.

En todo caso, el reclamo de la autoridad recurrente implica la incidencia del acto de autoridad en una esfera de competencia que no le es propia, sino de un órgano de transparencia; por lo que, al no incidir en ella, tampoco puede considerarse que tenga interés legítimo para acudir a la controversia constitucional en la perspectiva que pretende, señala el proyecto aprobado.

Batres también sostuvo que si el Ejecutivo emitió esas normas, el Congreso no puede demandar una invasión de competencias.