La Haya., La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, afirmó ayer que las amenazas a las que se enfrenta la institución, incluidas las posibles sanciones estadunidenses y las órdenes de detención rusas contra miembros de su personal, “ponen en peligro su propia existencia.

El tribunal está siendo amenazado con sanciones económicas draconianas por otro miembro permanente del Consejo de Seguridad, como si fuera una organización terrorista, señaló Akane en su discurso en la reunión anual de la institución, que comenzó ayer.

La jueza se refería a los comentarios del senador estadunidense Lindsey Graham, cuyo partido Republicano controlará ambas cámaras del Congreso en enero, y quien calificó al tribunal de broma peligrosa e instó a sancionar a su fiscal. A cualquier aliado, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, si intentan ayudar a la CPI, vamos a sancionarlos, advirtió Graham en Fox News.

Es la primera vez que la corte señala a un líder en activo de una gran potencia occidental.

En su intervención ante los 124 miembros del tribunal, la jueza Akane no nombró a Rusia ni a Estados Unidos, pero se refirió a ellos como miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Rusia emitió una orden de detención contra el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, dos meses después de que el tribunal de La Haya emitió una orden contra el presidente ruso, Vladimir Putin.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en junio un proyecto de ley para sancionar a la Corte en respuesta a la petición de Khan de una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ex jefe de Defensa Yoav Gallant.

La corte ha sido objeto de medidas coercitivas, amenazas, presiones y actos de sabotaje que pretenden socavar su legitimidad y su capacidad para administrar justicia y hacer realidad el derecho internacional, afirmó Akane, quien añadió que se habían emitido más órdenes de detención contra empleados del tribunal.

La CPI también es amenazada con sanciones económicas que socavarían rápidamente su funcionamiento y pondrían en peligro su propia existencia.

El tribunal rechaza firmemente cualquier intento de influir en su independencia e imparcialidad o de politizar nuestra función. Hemos cumplido y cumpliremos siempre con la ley, en cualquier circunstancia, manifestó la jueza.

La Corte se creó en 2002 para enjuiciar crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y de agresión cuando los estados miembros no quieran o no puedan hacerlo por sí mismos.

Puede enjuiciar crímenes cometidos por ciudadanos de estados miembros o en el territorio de estados miembros por otros actores. Su presupuesto para 2024 es de 197 millones de dólares.