oco más de mil 500 académicos que pertenecen a una veintena de universidades del país, entre ellas El Colegio de México (Colmex), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) firmaron un desplegado en el cual llaman a un boicot académico contra el genocidio en Gaza mediante el rompimiento de los vínculos de los centros de educación superior con sus pares israelíes.

Los firmantes señalan que la academia no es neutral, ni las universidades ni ningún otro espacio educativo pueden y deben permanecer neutrales ante la injusticia, además de denunciar las múltiples maneras en que las universidades de Israel participan en los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Benjamin Netanyahu. Por ello, manifiestan su respaldo al Colmex, que el 7 de noviembre pasado confirmó la suspensión indefinida de su convenio de colaboración con la Universidad Hebrea de Jerusalén (UHJ).

Si, como bien indican los educadores, ningún espacio académico es neutral, la UHJ es un organismo abiertamente militante del sionismo y la limpieza étnica, creado por los adeptos de esta ideología como un centro de difusión del discurso de odio y producción de conocimiento al servicio del sistema colonial establecido en 1948 sobre las tierras palestinas.

Las universidades israelíes en general, y la UHJ en particular, diseñan programas de estudios a la medida de las fuerzas armadas y la policía secreta, subordinan sus agendas de investigación a los intereses castrenses, reclutan sus cuerpos directivos entre la ultraderecha, limitan la libertad de expresión suspendiendo a los académicos y expulsando a los alumnos que desafían el discurso oficial, justifican el supremacismo racial, desarrollan tecnologías bélicas para facilitar la ocupación y la limpieza étnica, han organizado y patrocinado a grupos paramilitares y han degradado las actividades científicas a meros instrumentos de objetivos coloniales.

Por ejemplo, la UHJ ha diseñado y ejecutado misiones arqueológicas para justificar el robo de tierras palestinas con la falacia de que, si en un sitio dado hubo asentamientos hebreos hace 2 mil 500 años, ello les da derechos de propiedad a los israelíes contemporáneos. En sentido contrario, han destruido las ruinas de emplazamientos árabes para negar a los palestinos cualquier reclamo territorial. Esta forma de genocidio cultural es éticamente idéntica a la quema de libros efectuada por sistemas totalitarios y a la destrucción de templos indígenas por parte de los españoles en lo que hoy son América Latina y el Caribe.

Con lo dicho, queda claro que el rompimiento de los vínculos con universidades israelíes es un gesto ético correcto, acorde con los valores más altos de la civilización y que nada tiene que ver con un presunto ataque al pluralismo ni a las libertades de expresión o de cátedra, por el simple motivo de que éstas no amparan a los discursos de odio ni a las incitaciones a cometer crímenes de lesa humanidad.

Antes que el Colmex, había roto relaciones con escuelas israelíes el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), cuya actual dirección se desmarcó del carácter fundacional del instituto como trinchera neoliberal y espacio de promoción de intereses privados con presupuesto público. Lamentablemente, la UNAM ha guardado ante el genocidio un silencio vergonzoso e incompatible con los principios humanistas que deben orientar a la máxima casa de estudios.

La denuncia de académicos y estudiantes supone, ante todo, un llamado a cesar la normalización del genocidio: cuando una potencia militar, cualquiera que sea, bombardea una escuela o un hospital y deja centenares de muertos en un solo ataque, el hecho motiva un escándalo mundial y enérgicas expresiones de condena. Sin embargo, a fuerza de hacer eso todos los días, sobre todas las escuelas, todos los hospitales y todos los campos de refugiados de Gaza, Tel Aviv ha logrado que la comunidad internacional naturalice la barbarie, se habitúe a ella y la integre en su cotidianeidad. Por ello, toda voz que se pronuncie en contra de normalizar la atrocidad es bienvenida en una sociedad democrática.