Martha Patricia Velarde y Francisca García, integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora, afirmaron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe involucrar a Grupo México y las víctimas para la creación y ejecución de cualquier plan de remediación, ya que ninguna administración ha presionado a la empresa a pagar por los daños ambientales de hace 10 años en los cuerpos hídricos, los cuales están valuados en más de 20 mil millones de pesos, de acuerdo con los juicios ganados en el caso.

Si bien es prioritario el saneamiento del río Sonora y la atención médica especializada a las víctimas por los metales pesados, las defensoras consideraron en entrevista con La Jornada que es fundamental que las autoridades del nuevo gobierno reconozcan los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2020, como se comprometió la Semarnat el martes pasado durante la reunión con los comités, para que obliguen a la empresa a nombrar a los representantes del grupo técnico que reabrirán el fideicomiso a fin de resarcir esta crisis ambiental.

Este mecanismo se estableció durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero la empresa lo cerró unilateralmente en 2018 tras erogar sólo mil 200 millones de pesos de los 2 mil millones fijados para la remediación. El monto subió a 20 mil 508 millones en 2022, pero las activistas insistieron que las costos deben actualizarse porque a la fecha las afectaciones continúan, como en la detección de más enfermos con falla renal, cáncer y Parkinson, entre otras enfermedades.

Los afluentes que se conectan con los ríos Sonora y Bacanuchi siguen contaminados con sulfato de cobre acidulado, hierro, aluminio, cadmio, cromo, magnesio, plomo, arsénico y vanadio tras el derrame de lixiviados de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, el 6 de agosto de 2014.

A la espera de una nueva reunión programada para esta semana, Velarde resaltó: Los comités no entendemos por qué ningún nivel de gobierno ha podido sentar a Grupo México desde hace 10 años para que cumpla con cada una de las órdenes legales emitidas. Es fundamental que las víctimas, las autoridades y la empresa trabajemos conjuntamente en la creación de un plan remediación.

Tras el encuentro que sostuvieron el martes pasado, la Semarnat y los comités informaron en sendos comunicados que la secretaría se comprometió a efectuar una revisión exhaustiva de los expedientes y juicios obtenidos en el caso para hacer cumplir a quien tenga que cumplir. Entre otros puntos, también incluirá a las víctimas en todos los procesos de remediación, pero la institución no mencionó en su texto a la empresa.

Si bien ya existen investigaciones y rutas de acción para que las autoridades no comiencen desde cero con el plan, García señaló la necesidad de incluir la instalación de plantas potabilizadoras con separación de metales pesados, pues se prometieron 37 desde que se supo del caso y sólo se instalaron seis que ahora son elefantes blancos.

Agregó que dentro de las tareas pendientes falta construir un hospital de especialidad para los enfermos y retomar las labores de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental. Además, remarcó se deben subsanar los terrenos para el cultivo porque muchos de los alimentos están contaminados.