Buenos Aires., Con la perspectiva de un diciembre intenso y caótico para el gobierno del presidente Javier Milei, que además de enfrentamientos con sus socios y divisiones internas, comienza el mes con una ola aumentos en combustible, alimentos, servicios y medicamentos, que están a precios inalcanzables para la mayoría de la población, incrementando las amenazas y mecanismos de control, arrasando derechos e instituciones democráticas, empeñado en la destrucción del Estado, también se ha instalado una disputa en el tema de derechos humanos, con la intención de liberar o lograr prisión domiciliaria para los militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1983).

Por estas horas la jueza Adriana Pallioti rechazó una nueva solicitud del agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, quien actuó en el siniestro Batallón 601, clave de dictadura militar, participante de la Operación Cóndor y otras operaciones militares en Centroamérica, juzgado y condenado en varias causas que se sumaron para su condena a prisón.

Esto coincidió con la reciente presentación de organismos pro defensa de la pasada dictadura, para pedir la prisión domiciliaria de militares juzgados y detenidos por crímenes de lesa humanidad, en juicios justos reconocidos en el mundo y destacados por instituciones internacionales.

La defensa de Guglielminetti, de 83 años, ya había pedido en abril de 2020 que fuera pasado a prisión domiciliaria durante la pandemia, lo que también fue rechazado por la Cámara Federal de Casación, dada la cantidad de condenas que tiene por su participación en el centro Clandestino de Detención y Exterminio, Automotores Orletti, que fue un símbolo de la Operación Cóndor, participando en secuestros, torturas y muertes, cometidos en ese lugar.

Orletti era un taller de arreglos de vehículos de la policía y en mayo de 1976 fue convertido en un centro clandestino de detención; en noviembre de ese mismo año debió ser desalojado apresuradamente por la fuga histórica de una pareja de jóvenes, cuando sus torturadores se tomaban un descanso y lograron huir, con lo cual se decidió el inmediato cierre de este lugar, adonde fueron llevadas víctimas locales y extranjeras como parte de la Operación Cóndor.

Guglielminetti estaba vinculado a Aníbal Gordon, de la parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), que operó entre 1973 y 1976, cuando se incorporó a las fuerzas de tarea de la dictadura. La vicepresidenta Victoria Villarruel, de familia militar, insiste, junto con otras organizaciones pro dictadura, en la liberación de los que considera héroes.

En tanto, en el contexto de la grave situación a nivel nacional, se encendió una pequeña luz ante la decisión de una cámara (juzgado) de prescribir una causa armada por la justicia de Jujuy sometida al entonces gobernador de Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical (UCR), cuando se alió con la derechista Propuesta Republicana creando Cambiemos, encabezada por Mauricio Macri, ganando las elecciones de 2015.

El 16 de enero de 2016, Milagro Sala, dirigente de la Organización Tupac Amaru, que logró crear varios barrios para obreros, construidos por ellos mismos, incluidas escuelas y centros médicos, en una obra reconocida en el mundo, fue la primera detenida, como un símbolo de lo que sería el gobierno de Cambiemos, antecedente principal de La Libertad Avanza, ahora asociados al ultraderechista Javier Milei.

Salas fue liberada así de una de las principales causas falsas que creó la justicia de Morales cuando aún está en prisión domiciliaria por otra causa falsa, pero se espera su inmediata liberación después de haber sufrido inenarrables padecimientos.

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