Tras una larga batalla jurídica, finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó otorgar un amparo al Sindicato Nacional Minero, que encabeza el diputado Napoleón Gómez Urrutia, a efecto de que se concentren más de 20 expedientes y se resuelvan de manera integral los juicios promovidos contra el gremio, sobre el supuesto adeudo de 55 millones de dólares de un extinto fideicomiso.

La trascendencia de la resolución radica en que el máximo tribunal del país ordena a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) resolver con un mismo criterio o en una sola sentencia los 25 expedientes que derivaron del caso, y no sólo con 21 como se había hecho.

La autoridad laboral deberá tomar en cuenta los cuatro expedientes restantes que omitió, ya que contienen un caudal probatorio muy importante sobre la correcta distribución de los recursos del fideicomiso, enfatizó el sindicato.

En esos archivos, agregó, obran constancias con las que se acredita que el gremio ya pagó más de 23 millones de dólares a trabajadores. Además, se corrobora la existencia de más de 10 sentencias en materia penal de tribunales colegiados y dos dictámenes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que indican que los recursos son rectoría del Sindicato Minero.

Cuatro a uno

Señaló que esta resolución de la segunda sala de la SCJN –con votación mayoritaria de cuatro a uno– refleja el abuso de autoridad por parte de la titular de la JFCA, María Eugenia Navarrete, y del décimo segundo tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito, que operaron a favor de los intereses de Germán Larrea, dueño de Grupo México.

El sindicato acusó que el empresario ha intentado debilitar y destruir al gremio, luego de que el mismo fue obligado a entregar el recurso originado de la privatización de la empresa Mexicana de Cananea y otras empresas al Sindicato Minero.

En un comunicado, Gómez Urrutia celebró la resolución de la Corte, cuyo ponente fue el ministro Luis María Aguilar Morales, que señala se debe aplicar no sólo la justicia pronta, sino también la completa, en beneficio de este gremio, afirmó.

La controversia legal empezó desde la privatización de la mina de Cananea, en la que se definió que 5 por ciento de las acciones se debían otorgar a los trabajadores. Después de que Grupo México, propietaria de la mina, se negó a pagar, estalló una huelga, que duró 15 años y concluyó con un acuerdo en que se definió que los recursos estarían bajo la rectoría del sindicato.

Debido a la omisión de la JFCA, en el laudo emitido por la Junta Especial 10 se establecía que el Sindicato Nacional Minero adeudaba 55 millones de dólares a un grupo de trabajadores. No obstante, ello quedó sin efecto y se ordenó resolver con base en los 25 expedientes.