En comisiones del Senado avanzó anoche la ratificación del nombramiento de Raquel Buenrostro como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien al comparecer ante los legisladores, informó que se enviará al Legislativo una iniciativa para modificar la Ley de Transparencia, a fin de que la dependencia a su cargo no sea juez y parte en el otorgamiento de la información requerida por la ciudadanía.

Esto, una vez que asuma las facultades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), órgano autónomo próximo a desaparecer.

Aunado a ello, se comprometió a implementar una política de cero tolerancia a la corrupción y a utilizar la vía penal para frenar esa práctica. El objetivo es hacer más caro violar la ley que cumplirla, subrayó.

La ratificación de Buenrostro fue aprobada por mayoría en las comisiones de Gobernación y Anticorrupción y se remitió a la mesa directiva de la Cámara alta, a fin de que la turne al pleno para su análisis y votación.

En el diálogo con los senadores, la funcionaria defendió la eliminación de los órganos autónomos, como el INAI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y aseguró que con esa decisión no se viola ningún estándar internacional.

La pregunta del PAN en torno a lo que sucederá con las solicitudes de información, le dio pie para explicar que a escala mundial la autonomía de los organismos de transparencia no es regla; son muchos menos los países que tienen entidades autónomas y la mayoría dependen del Ejecutivo.

En el marco del T-MEC, expuso que Estados Unidos regula la materia con la Ley de Libertad de Información y una oficina que depende directamente del Ejecutivo la administra.

En el caso de Canadá, añadió que existe la oficina del comisionado de información, el cual tampoco tiene autonomía. Destacó que lo mismo sucede en lo que se refiere a las telecomunicaciones.

Sin embargo, Buenrostro reconoció que sí se tiene que cuidar que la SFP transformada en Secretaría Anticorrupción no sea juez y parte. Con esa finalidad, se propondrá que esta dependencia no sea la última instancia para resolver una solicitud de información, sino que sean los tribunales administrativos.

Apuntó que no se va a eliminar ninguna de las obligaciones que ahora tiene el INAI y aumentará la transparencia.

Sobre la plataforma nacional de transparencia, dio a conocer que se propondrá que sea regulada por el sistema nacional correspondiente.

Justificó la eliminación del INAI, porque a su consideración se desvirtuó el objetivo para el que fue creado y se convirtió en un aparato oneroso que no tuvo resultados.