Guatemala. El partido gobernante de Guatemala, con el que llegó al poder el presidente Bernardo Arévalo, logró con el apoyo de parte de la oposición reformar una ley contra la delincuencia organizada en la que se respaldaba un juez para procesar penalmente a la organización por supuestos delitos electorales, como parte de la arremetida de la justicia en época de campaña contra el mandatario y el Movimiento Semilla. La organización estaba impedida de participar plenamente en las comisiones del Congreso debido al proceso penal abierto en su contra. La fiscalía, dirigida por Consuelo Porras, logró que el juez Fredy Orellana suspendiera la vigencia del partido político oficial por acusaciones de supuestas ilegalidades en la conformación y registro financiero del partido. Con la suspensión no podían ser bancada en el Congreso ni participar en comisiones o en la presidencia del Legislativo. La reforma se aprobó con 127 votos de 160 diputados.