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Gobierno de Alfredo del Mazo debe aclarar destino de 61 mil mdp
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 15 de noviembre de 2024, p. 29

Toluca, Méx., El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) remitió ayer a la Legislatura estatal el informe de resultados de la revisión de las cuentas públicas estatal y municipales correspondientes al ejercicio fiscal de 2023, el último del gobierno de Alfredo del Mazo y el segundo de los ayuntamientos en funciones, y se emitieron 2 mil 916 observaciones, que implican 61 mil millones de pesos.

El mayor número de precisiones fueron para la coordinación de Comunicación Social, el Poder Judicial y el Hospital Regional de Zumpango, en el ámbito estatal, mientras los municipios con más indicaciones son El Oro, San Mateo Atenco, Tenancingo y los sistemas del DIF de Toluca y Ecatepec, informó Miroslava Carrillo Martínez, titular del Osfem.

Señaló que los entes estatales y municipales tienen 30 días para solventar las observaciones sobre el manejo de los recursos públicos. Al menos 793 especificaciones se originaron por la revisión que se hizo del cumplimiento financiero; 790 por comprobaciones a la inversión física y 658 por auditorías al desempeño.

Durante 2023, las instancias estatales y municipales manejaron recursos por más de 469 mil 267 millones de pesos en su conjunto, y tras los actos de fiscalización, se emitieron 2 mil 916 observaciones del uso del erario, que implican unos 61 mil millones de pesos, cuyo destino debe ser aclarado.

De las 2 mil 916 precisiones, 884 son de los organismos estatales por un monto de 56 mil millones de pesos, y 2 mil 32 de instituciones municipales, donde están involucrados poco más de 5 mil 500 millones de pesos.

Carrillo Martínez reveló que la mayoría de las especificaciones están relacionadas con la comprobación del gasto, inconsistencias en los procedimientos adquisitivos e incumplimientos de los contratos.

De las estatales, dos organismos descentralizados no reportaron cuenta pública: la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ya que los recursos le son otorgados por el Instituto de Salud estatal, y el Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio que no opera desde 2016.