La violencia política en razón de género no sólo se presenta en época electoral, es una constante que en 78 por ciento de los casos se registra a escala municipal, aunque lo más grave es que la mayor parte de las sanciones contra quienes la ejercen son clasificadas de leves.

Por lo anterior, los agresores sólo reciben una amonestación pública y, en casos muy contados, son acreedores a una multa económica y sólo dos personas fueron removidas de sus cargos, revela el informe Evolución de la violencia política en razón de género en la región Sur-Sureste mexicano.

El estudio a cargo de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) forma parte de las investigaciones hechas con el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral del Instituto Nacional (INE), en el cual se detectó que la violencia contra las mujeres durante los comicios es cada vez más letal, pues dos de cada 10 víctimas de violencia criminal son mujeres.

La inseguridad y su traslado a la violencia en las elecciones comienza a configurar un cambio en la posición de los electores, advirtió Omar Jiménez Ojeda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Unach.

Durante la presentación del informe, el académico señaló que la violencia electoral encuentra su expresión en lo local, porque 88 por ciento de los municipios son más proclives a que se cometan esos actos.

De la revisión que hizo durante el proceso electoral, Jiménez indicó que en siete estados del sur del país, Oaxaca ocupa el primer lugar de ese delito, con 142 casos; le sigue Veracruz, con 47; Tabasco, 33; Chiapas, 21; Quintana Roo, 15; Campeche, 7 y Yucatán con 3.

El total de estas incidencias en la región sur sumó 268 casos entre septiembre de 2023, cuando empezó el proceso electoral, hasta el 2 de junio.

El tejido social se sigue debilitando y encuentra en el proceso electoral un caldo de cultivo, detectando violencia política de género hacia aspirantes a cargos públicos, así como contra quienes ya tienen un puesto como regidora, síndica o diputada local.

Ochenta por ciento de agresores son hombres y el resto mujeres, pero 35 por ciento de las sanciones son leves, de modo que la mayoría no recibe ninguna penalización.