Desde su arranque en mayo de 2016, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se ha convertido en la herramienta clave para que millones de mexicanos ejerzan sus derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, pero su futuro es incierto.

Esto, debido a que el dictamen de reforma constitucional que plantea la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no especifica qué sucederá ni quién gestionará esta infraestructura digital, según han alertado los comisionados del organismo.

La PNT no sólo gestiona las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición, sino que también administra información de 7 mil 407 sujetos obligados en México –como instancias de gobierno, partidos políticos o sindicatos– que incluyen 6 mil 684 sujetos estatales y 723 federales, 270 de ellos pertenecientes al Ejecutivo federal.

En sus bases de datos, la plataforma cuenta con 14 mil 958 millones de registros, de los que mil 931 millones corresponden al Ejecutivo federal y 12 mil 571 millones a los de los estados.

El dictamen, no obstante, no especifica qué entidad se encargará de gestionar dicha información, ni de administrar y mantener la PNT, señaló esta semana la comisionada Norma Julieta del Río.

Dado que cambia radicalmente la estructura de gestión y tutela de los derechos de acceso a la información, el diseño de la actual PNT no es compatible con las disposiciones que se proponen aprobar a nivel constitucional, dijo Del Río en X.

En 2024, la PNT ha registrado 272 millones de intentos de ciberataques, lo que ha significado 24 millones de bloqueos al mes realizados a través de un sistema de seguridad perimetral contratado este año por un monto de 17 millones de pesos, de acuerdo con el INAI.