Los recursos del Instituto Nacional Electoral (INE) se destinan principalmente para el pago de la nómina de 20 mil trabajadores fijos, y la actualización del padrón y expedición de la credencial para votar. De 15 mil 295 millones que pidió para el año entrante, 13 mil 255 son considerados presupuesto base y el resto para la cartera de proyectos específicos.

A su vez, 70 por ciento del mencionado base se destina a sueldos, esto es, 9 mil 188 millones de pesos, según la solicitud del INE que analiza la Cámara de Diputados.

El modelo central del instituto se repite en sus 332 oficinas en todo el país (32 juntas locales y 300 distritales) que se llevarían, en conjunto, 7 mil 592 millones de pesos, visto por área.

Si en San Lázaro los diputados avalan el proyecto votado por el consejo general del INE, el Registro Federal de Electores destinaría mil 539 millones para la producción de credenciales de elector y en el mantenimiento de la lista nominal de personas mayores de 18 años.

Actualmente, el padrón tiene los datos personales de 100 millones 454 mil 859 ciudadanos, de los que 98 millones 752 mil 606 cuentan con credencial vigente para votar.

Aunque legalmente el INE no es el responsable de garantizar el derecho de identidad de los mexicanos, esa mica es la más aceptada en el país como identificación oficial.

Al gasto ordinario del órgano deben sumarse varios cientos de millones por programas de actualización tecnológica y mantenimiento.

El INE opera a través de una especie de acciones de contraste, debido a que en sus órganos de decisión participan no sólo funcionarios y consejeros, sino también las representaciones de los partidos políticos, quienes no tienen voto en el Consejo General pero sí voz y participación destacada en la Comisión de Vigilancia.

Una reducción de gasto total del INE pudiera darse con la transformación digital de los procesos a su cargo, incluido el uso general de la urna electrónica.

Sin embargo, apenas en 2025 diseñarán la estrategia de transformación, según el cronograma difundido esta semana. Algo así como el plan del plan.

Así, de los 15 mil 295.8 millones solicitados por el INE, 9 mil 427 van para servicios personales (nóminas); 3 mil 169 para servicios generales; 241 millones para materiales y suministros; 41.8 millones para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, y 37.5 millones para bienes muebles, inmuebles e intangibles.

Asimismo, otras partidas están etiquetadas para llevar a cabo procesos locales, 31.3 millones para organizar el proceso electoral federal, y 127.8 millones para fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público, por mencionar algunas de las clasificaciones contenidas en 118 páginas de las bases del citado proyecto presupuestal.

Todo lo anterior es adicional a los 13 mil 205 millones previstos como presupuesto precautorio para organizar la elección judicial; aparte de los 4 mil 600 millones destinados a realizar consultas ciudadanas, también como presupuesto precautorio, y más de 7 mil millones como financiamiento público anual a seis partidos políticos, según las reglas establecidas en la Constitución y las leyes electorales.